Edgar Fonseca, editor/Foto con fines ilustrativos
Un total de 33 notarios de San José fueron acusados por presunto fraude registral durante 2020, confirmó este lunes la Fiscalía.
Así lo dio a conocer el fiscal adjunto de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ramírez López.
El crecimiento de acciones delictivas registrales ameritó definir una política para atacar esa delincuencia y dicha estrategia dio sus resultados en el 2020, con la acusación de 33 notarios públicos, solo en San José, ratificó el portavoz oficial.
Según explicó dicho jerarca, desde hace aproximadamente tres años, el Ministerio Público detectó un incremento en los casos de personas a quienes grupos delictivos despojaron de sus propiedades, mediante el fenómeno criminal del fraude notarial o registral.
Las manifestaciones las hizo Ramírez en el programa radial Frecuencia MP del Ministerio Público por radio Columbia.
Cadena delictiva
“Alrededor del fenómeno estamos encontrando delitos como falsedad ideológica, suplantación de identidad y estafa, entre otros”, aseveró.
“Una serie de notarios ya fueron identificados y están siendo investigados en una lista de objetivos del Ministerio Público”, amplió.
Las maniobras utilizadas para despojar a las personas de sus lotes, fincas o casas incluyen trámites como traspasos, donaciones y ventas, todos realizados de manera ilegal y utilizando documentación falsa para efectuarlos ante las autoridades correspondientes, corroboró el fiscal adjunto.
En bandas organizadas
“Hemos encontrado la figura del notario público dentro de bandas organizadas, grupos que se dedican a buscar propiedades que están sin inscribir, que tienen muchos años sin movimientos registrales o que pertenecen a personas extranjeras que se han ido del país”, destacó.
También, sostuvo, existen casos de notarios que “han sido engañados por el grupo criminal para realizar los trámites registrales irregulares”.
Las investigaciones incluyen métodos de análisis criminal y un trabajo interinstitucional, que involucra al Organismo de Investigación Judicial, el Registro Nacional de la Propiedad (RNP) y la Dirección Nacional de Notariado.
Según el fiscal Ramírez, además de las personas extranjeras, las organizaciones criminales tienen entre sus víctimas preferidas a personas adultas mayores, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Instó a los usuarios y dueños de propiedades a realizar al menos tres revisiones al año del estado registral de las propiedades ante el RNP, trámite que se puede efectuar por medio del sitio web de dicha institución.
“Tenemos que ser más cautelosos, y no solo la población, sino las entidades públicas y su personal”, insistió Ramírez.
Recomendó recurrir a abogados y notarios de confianza para tener claro cuál es la condición de los bienes.
Según la Fiscalía, en caso de detectar la comisión de un delito de este tipo, se recomienda presentar la denuncia de forma inmediata a la Fiscalía o la delegación del OIJ más cercana.
Actuar rápido podría permitir a las autoridades detener el movimiento registral y evitar que la persona sea despojada de su propiedad, añadieron las autoridades.
