-Derogan decretos restrictivos para reactivar economía
PuroPeriodismo/Foto El País, Montevideo
A más de un año del decreto que modificó el régimen de construcción de vivienda promovida, el negocio vuelve a tomar impulso en Uruguay hasta alcanzar una inversión estimada entre $2.500 millones y hasta $4.000 millones, según el diario El País de Montevideo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou impulsó esta medida para reactivar la economía en pandemia.
La inversión solo en vivienda promovida asciende a “entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones, confirmó Anibal Durán, gerente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu).
Si se suma la “vivienda promovida, no promovida y megaproyectos” la inversión asciende a US$ 4.000 millones, destacó otra fuente del sector.
¿Cuáles fueron las modificaciones hechas al régimen?
Los cambios tuvieron que ver principalmente con las características de las viviendas que pueden construirse bajo este régimen (se permite ahora la construcción de monoambientes), la eliminación de los topes en los precios de arrendamiento y los topes en la cantidad de viviendas promovidas construidas (también recicladas o refaccionadas).
El principal reclamo que venía realizando desde hace años el sector privado consistía en solicitar que se eliminaran los topes de precio para venta y arrendamiento de los apartamentos construidos bajo el régimen, tanto en Montevideo como en el interior del país.
Los límites de precios habían sido implementados desde 2014 cuando el Ministerio de Vivienda llevó adelante una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas.
A inicios de 2017 se emitió un nuevo decreto que topeó el precio de arrendamiento a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar -si supera los valores fijados, la exoneración es 40% y no 100%- y además se estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.
El actual gobierno de Lacalle Pou derogó estas resoluciones y volvió a las reglas de 2011, tal y como había reclamado la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), ya que entendían que los límites de venta y alquiler quedaban por debajo del costo de construcción por lo que el negocio había dejado de ser rentable y ya no había interés para los constructores privados.
Especial PuroPeriodismo: diario El País, Montevideo
