Edgar Fonseca, editor/Foto OIJ
Una presunta malversación de recursos públicos por unos ¢78 mil millones ($125 millones), investigada por la Fiscalía y el OIJ en los últimos tres años, quedó al descubierto este lunes tras 57 allanamientos y las detenciones de 29 personas, entre funcionarios y particulares, algunas de ellas representantes de importantes firmas constructoras.
Se trata de uno de los mayores operativos judiciales recientes contra hechos de alegada corrupción con fondos públicos que incluyó allanamientos en la oficina de un asesor de Casa Presidencial –quien renunció–, Conavi, otras dependencias públicas, empresas de la construcción y residencias particulares en diferentes puntos del país, desde las 7 a.m., confirmó el director del OIJ, Walter Espinoza.
Los empresarios Carlos Cerdas, de la firma Meco, y Mélida Solís, de HSolís, figuran entre los arrestados.
El caso crispó el ambiente político.
El presidente Carlos Alvarado se mostró indignado por las revelaciones; el ministro Rodolfo Méndez, repudió y condenó los hechos.
En la Asamblea Legislativa, sacudida por denuncias de supuesta penetración del narcotráfico, se anunció la conformación de una comisión investigadora de los hechos, en medio de fuertes recriminaciones al mandatario.
Un esquema de sobornos
Walter Espinoza dijo que las investigaciones se concentraron en Conavi pero abarcaron distintas dependencias, entre ellas el MOPT, oficinas y empresas constructoras en diferentes sitios.
“Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas”, destacó.
Reveló que las pesquisas abarcan a “un grupo de empresarios muy fuertes del país” en el sector construcción de obra pública.
La firma Meco, una de las investigadas, aseguró que está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público, facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso.
El empresario Carlos Cerdas Araya, representante de la firma, detenido, alcanzó en 2017 un acuerdo con la Fiscalía de Panamá en un caso por supuestos sobornos en obra pública en dicho país.
El escándalo se denominó Blue Apple e implicó sobornos por ¢78,3 millones, según la Fiscalía de Panamá
La empresa HSolís evitó referirse a las informaciones de las autoridades.
Presidente dice que siente “indignación, molestia y rabia” ante escándalo
“Al igual que ustedes, hoy siento una enorme indignación, molestia y rabia en relación con hechos de corrupción con contratos de obra pública”, reaccionó el presidente Carlos Alvarado tras el destape de la red de funcionarios y particulares a los que autoridades judiciales vinculan a presuntos sobornos.
Un asesor cercano de Alvarado renunció tras ser allanada su oficina en Casa Presidencial.
“Comportamientos así son absolutamente inaceptables”, afirmó Alvarado en un videopost a las 5:50 p.m.
“Ahí, donde hay un corrupto también hay un corruptor y ambos deben ser sancionados”, advirtió.
“Es mi deseo –dijo–, igual que el del resto de los costarricenses que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan”.
Confirmó que el asesor presidencial Camilo Saldarriaga presentó su renuncia “esto para llevar adelante su defensa con el fin de llegar a la verdad de los hechos”.
“Como presidente me duele mucho que el enorme esfuerzo que hemos hecho por modernizar la obra pública se vea empañados por estos bochornosos actos”, agregó Alvarado.
Renuncia asesor presidencial
El economista Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, de 29 años, asesor del presidente Alvarado en el área de infraestructura, renunció este lunes tras ser allanada su oficina en Casa Presidencial como parte del megaoperativo judicial.
Saldarriaga fue gerente de la campaña PAC que llevó a la presidencia a Alvarado en 2018.
“Con el fin de asumir el proceso y demostrar mi plena inocencia sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo, he presentado la renuncia a mi cargo a partir del día de hoy”, citó en la carta de renuncia.
“Con la conciencia plenamente tranquila, puedo afirmar que no he cometido ningún delito y que, en ningún momento, he recibido ningún tipo de beneficio o dádiva por mi trabajo. Así se demostrará en el proceso judicial”, aseguró.
Las autoridades también allanaron su residencia en el barrio Roosevelt, Montes de Oca.
No quedó detenido.
Méndez Mata repudia hechos
Sorprendido con la magnitud de las investigaciones reveladas por las autoridades, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, condenó los hechos denunciados.
“Repudio y condeno la conducta de aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus deberes hayantraicionado la confianza en ellos depositada, pero y sobretodo, traicionado la esperanza delpueblo de Costa Rica. Sobre quienes hayan actuado dolosamente a de recaer todo el peso dela Ley, sea quien sea”, dijo Méndez.
“Será el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia los que establezcan las responsabilidadescorrespondientes. Para ello desde antes y desde ya cuentan con la plena disposición a colaborar de mi parte y de los órganos y entes del Sector de Obras Públicas y Transportes.No conozco los detalles del proceso que lleva a cabo el Ministerio Público, pero reitero mi fe en la justicia”, agregó.
550 investigadores y 100 fiscales en el operativo
Un total de 550 investigadores e investigadoras del OIJ, así como 100 funcionarios del cuerpo legal del Poder Judicial participaron en los 57 allanamientos realizados en diferentes zonas del país, confirmó la institución policial.
Detuvieron a 22 hombres y 6 mujeres, quienes figuran como sospechosos de delitos como Cohecho, Peculado, Pagos Irregulares de contratos administrativos, Malversación de Fondos, Asociación Ilícita y Tráfico de influencias, entre otros.
Según el OIJ, dentro de los detenidos se encuentran tanto funcionarios públicos, así como funcionarios de empresas privadas las cuales en apariencia prestan servicios a entidades públicas en lo que respecta a obra pública, mantenimiento y construcción de la red vial del país.
Informaron que los funcionarios públicos hoy detenidos en apariencia ejecutaban labores las cuales favorecían a las empresas privadas antes mencionadas en los procesos de licitación en cuanto al tema de mantenimiento y construcción de la red vial del país.
Durante el proceso de investigación que se inició en el año 2019 por parte de los y las agentes de la Sección de Anticorrupción en conjunto con el Ministerio Público, se obtuvo información que indicaba que al parecer los funcionarios públicos hoy detenidos a cambio de dichos favorecimientos supuestamente habrían recibido dinero, vehículos, propiedades e incluso hasta viajes.
A partir de las 7:00 de esta mañana, se ejecutaron los 57 allanamientos en empresas como MECO, HSOLÍS, ITP, CASISA, Constructora Herrera en San Carlos, Constructora Montedes en Orotina y Alsofrutales en Heredia.
También allanaron las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y casas de habitación ubicadas en Cartago, Escazú, Santa Ana, Desamparados, Coronado, Alajuela, Heredia y Sabanilla. En estos lugares se detuvo a los sospechosos y se ha decomisado equipo electrónico, dispositivos de almacenamiento electrónico y documentación varia importante para la investigación.
Los detenidos quedarán con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica, se informó.
Denuncias confidenciales
Walter Espinoza del OIJ añadió que gracias a informes confidenciales y a denuncias de particulares, penetraron desde hace dos años la red sospechosa en sus instancias íntimas para conocer cómo operaban.
Los sobornos a funcionarios incluían casa, viajes, favores sexuales, detalló el jerarca policial.
Los presuntos favores de los funcionarios se extendían desde pagos irregulares hasta alegadas anomalías en la verificación de la calidad de las obras, aseguró Espinoza quien dijo que lo descubierto es típico de acciones de corrupción en este sector en otras naciones de la región.
Dos años de pesquisas
Los operativos de las autoridades arrancaron temprano la mañana de este lunes con el fin de desarticular la organización sospechosa de anomalías y sobornos en la construcción de obra pública, aseveró el jerarca policial.
Las primeras denuncias las recibieron en 2019.
Relacionó las indagaciones con corrupción en la función pública.
También dijo que hay violación a los deberes de probidad.
Detalló que investigan eventuales malversaciones de fondos, en temas relacionados con la construcción de obra pública, particularmente carreteras, vías.
Espinoza vinculó a las pesquisas a había un grupo de funcionarios públicos relacionados con representantes de empresas privadas de alto nivel, que usualmente ganaban las adjudicaciones.
Presuntamente malversaban fondos para favorecer determinados proyectos y a personas.
Espinoza insistió ante los medios que hay sobornos, obtención de regalías, gratificaciones irregulares y evidentemente un comportamiento del sector privado dirigido a lograr situaciones de ventajas para sí, en el tema de pagos para fondos, para presupuestos adelantados y muchas otras circunstancias.
Aseguró que la investigación se va a decantar por los delitos de asociación ilícita, peculado, cohecho, malversación, tráfico de influencias y muchos otros comportamientos que afloraron.
Espinoza acusó a los los funcionarios de haber utilizado su trabajo para favorecerse y que, empresas privadas aprovecharon esa corrupción para beneficiarse.
Espinoza enfatizó ante los medios que se trata de un grupo de funcionarios que vendieron sus conciencias éticas y morales, que recibieron sobornos y usaron sus puestos para favorecerse.
Un grupo de empresas privadas aprovecharon esta situación también para favorecerse, añadió mientras continuaban las acciones policiales.
Se trata de un “grupo criminal”, según la Fiscalía
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), confirmó los 57 allanamientos simultáneos en conjunto con la Sección Anticorrupción del OIJ, con el objetivo de obtener prueba para una investigación dirigida contra un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI).
Según dicha Fiscalía, en el expediente 19-000025-1218-PE se investigan presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios públicos del CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ministerio de Hacienda, así como de personas particulares de empresas constructoras.
Informaron que las diligencias judiciales solicitadas por la FAPTA ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José se ejecutaron en las casas de habitación de los sospechosos, ubicadas en diversos puntos del Área Metropolitana, así como en las oficinas de cada uno de estos y en las empresas de interés, localizadas en San José y en San Carlos.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó el allanamiento en una oficina en Casa Presidencial, que es usada por asesores presidenciales.
No es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes, dijeron.
La Fiscalía destacó que la prueba que se procura obtener en esos sitios es documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes para el proceso que se tramita, conforme lo dicta la ley en este tipo de diligencias y con la presencia de un Juez Penal de Garantías en cada lugar.
Las personas imputadas se encuentran a la orden de la dicha Fiscalía en calidad de detenidas y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria; tras el análisis de la situación particular de cada una de estas, la Fiscalía valorará la solicitud de medidas cautelares, mientras avanza la investigación, agregó el reporte oficial.
28 detenidos hasta las 11a.m.
Apellidos de los detenidos de los allanamientos de hoy, según el OIJ:
Cerdas, Escazú
Bolaños, Curridabat
González, Meco
Arce, Meco
Bonilla, Meco
Solis, Santa Ana
Abarca, Coronado
Martínez, Cartago
Herrera, San Carlos
Castro, Alajuela
Cervantes, Heredia
Solís, Sabanilla
Zúñiga, Desamparados
Madrigal, CONAVI
Carmona, Desamparados
Mora, Cartago
Ortiz, Zapote
Chavez, San Jose
Rojas, CONAVI
Quesada, San José
May, Desamparados
Zamora, Heredia
Ureña, Heredia
Quesada, Desamparados
Sánchez, San Ramón
Lobo, Moravia
Monge, Cartago
Rodríguez, San José
