La Cámara Costarricense de la Construcción anunció este miércoles que abrió proceso por los casos de empresas vinculadas al escándalo Cochinilla en que OIJ y Fiscalía denuncian una presunta red de sobornos en contrataciones de obra pública.
El eventual daño al Estado por este caso fue estimado por Walter Espinoza, director OIJ, en unos $78 mil millones ($125 millones).
“Convocar de inmediato al consejo consultivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, para que inicie el debido proceso, con el fin de analizar los casos particulares de empresas asociadas que pudieran estar involucradas en estos hechos, a efecto de tomar todas las medidas necesarias que correspondan, en atención a nuestros estatutos”, cita el acuerdo de la junta directiva de dicha cámara tras las revelaciones de las supuestas anomalías en que son involucradas distintas firmas del ramo, entre ellas las constructoras MECO, H Solís y Herrera, de San Carlos.
Los empresarios Carlos Cerdas de MECO y Mélida Solís de H Solís figuraron entre 30 persona detenidas tras 57 allanamientos ejecutados por al menos 700 oficiales y fiscales el lunes 14 de junio en el mayor golpe contra alegada corrupción en la gestión pública desde los escándalos de loen Calderón y Rodríguez en 2004.
Cerdas y Solís quedaron libres entre lunes y martes tras cumplir con fianzas de $5 millones y $3 millones, respectivamente, que les fijó la jueza penal de Hacienda, Carolina Lizano.
La Fiscalía apeló la concesión de esas fianzas y mantiene su pedido de un año de prisión preventiva contra ambos empresarios y otros 12 de los investigados, entre quienes figuraron funcionarios de CONAVI epicentro del escándalo.
Suspensión y hasta expulsión
La Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), anunció que decidió de manera unánime convocar a su consejo consultivo, ante las denuncias dadas a conocer en los diferentes medios de comunicación nacional sobre presuntos actos de corrupción, en dicho caso.
Informaron que las sanciones que puede establecer la CCC contra las empresas afiliadas, una vez seguido el debido proceso interno, incluyen desde una suspensión mientras se realiza el proceso judicial hasta la expulsión definitiva de la cámara, según sea el caso.
“La Cámara Costarricense de la Construcción, representa a casi 500 empresas formales del sector construcción, incluyendo empresas constructoras, consultores en arquitectura e ingeniería, vivienda social, proveedores e industriales, desarrolladores inmobiliarios, etc., que día a día hacen un verdadero esfuerzo por generar empleo a más de 238.000 personas en forma directa e indirecta”, destacó Randall Murillo, Director Ejecutivo de la CCC, en nombre de la Junta Directiva.
“Ese mismo esfuerzo, también se enfoca en promover el desarrollo del país, por lo que de ninguna manera permitiremos que el bueno nombre de nuestro sector, se vea manchado por el comportamiento impropio e ilegal de unos pocos empresarios”, añadió.
“Rechazamos enérgicamente todo acto de corrupción o faltas a los valores éticos que deben regir a una empresa formal, y solicitamos vehementemente a las autoridades judiciales, que se llegue hasta las últimas consecuencias en los hechos denunciados, que afectan seriamente la imagen del país, del empresariado nacional y del sector construcción”, puntualizó el jerarca del sector construcción.
Ratificaron que la Cámara Costarricense de la Construcción reitera la confianza en el sistema Judicial costarricense, y al igual que todos ciudadanos, solicitamos que se castigue con todo el peso de la ley, a quien se demuestre haya participado en los actos ya denunciados.
