Edgar Fonseca, editor
Los 28 detenidos en el megaescándalo Cochinilla, por conformar una supuesta red de sobornos y dádivas en contrataciones de obra pública, quedan libres con medidas cautelares, dispuso ayer sábado el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
Otos dos detenidos habían sido liberados previamente.
La decisión la adoptó la jueza penal Carolina Lizano.
La Fiscalía había pedido un año de prisión preventiva contra 14 de los investigados por eventual peligro de fuga.
A los empresarios de firmas constructoras, Carlos Cerdas, MECO y Mélida Solís, H Solís, el juzgado les fijó fianzas de $5 millones y $3 millones, respectivamente, confirmó Sandra Castro, portavoz del Poder Judicial a las 6:51 p.m.
Hasta que se haga efectivo el pago de ese monto se mantienen privados de libertad, agregó.
También quedan con las medidas cautelares de:
-impedimento de salida del país
-entrega de pasaporte
-firma en juzgado
La empresa MECO reaccionó tras el anuncio de este sábado y mostró confianza en el sistema judicial.
La firma reiteró su confianza en el sistema jurídico del país, “según el cual las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, dijeron.
“Constructora MECO cuenta con un equipo gerencial sólido y comprometido que se mantiene al frente de los proyectos, y desde que inició este proceso, ha venido tomando las decisiones necesarias en pro de la continuidad de la empresa y sus operaciones”, añadieron.
Uno con tobillera
A un individuo de apellido Arce, descrito por las autoridades como el intermediario en muchas de las acciones del grupo investigado, le impusieron uso de tobillera electrónica.
A otros investigados de apellidos González, Solís, Herrera, Bolaños y Solis, les dictaron impedimento de salida del país.
A los funcionarios de CONAVI involucrados se les fijó suspensión del cargo por cuatro meses, no acercarse a la institución en un radio de 1 kilómetro y no acercarse a testigos.
Los investigados permanecían detenidos desde el 14 de junio en celdas judiciales.
Es el mayor golpe de autoridades judiciales a presuntos actos de corrupción en la gestión pública desde 2004 desde los escándalos de los expresidentes Rodríguez y Calderón.
Las detenciones se produjeron tras 57 allanamientos en distintos puntos del Área Metropolitana y San Carlos, en la sede central del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), residencias y otros lugares, como parte de una investigación de tres años.
Debido a lo prolongado del encarcelamiento en celdas judiciales fueron interpuestos varios recursos de habeas corpus ante Sala IV.
No trascendieron las razones de la jueza Lizano para decidir la libertad de todos los investigados.
Además de los personeros de empresas constructoras fueron implicados funcionarios de CONAVI epicentro, según el OIJ y Fiscalía, de los presuntos actos anómalos con contrataciones y otros trámites.
La Fiscalía pedía un año de prisión preventiva contra los investigados: Cerdas Araya, González Camacho, Bolaños Salazar, Solís Vargas, mujer, Martínez Martínez, Solís Murillo, Arce Alpízar, Madrigal Rímula (funcionaria pública), Fallas Zúñiga, Cervantes Morales, Herrera Chacón, Abarca Quesada, Carmona Rivas (funcionaria pública) y Mora Obando (funcionario público).
Otro tipo de medidas cautelares fueron pedidas contra 16 de los investigados: Bonilla Guilén, mujer, Chaves Mora (funcionaria pública), Rojas Monge (funcionario público), May Cantillano (funcionario público), Zamora Zamora (funcionario público), Rodríguez Araya (funcionario público),pública), Sánchez Castro (funcionario público), Rivera Campo (funcionario público), Quesada Pérez (funcionario público), Ortiz Vega (funcionario público), Lobo Bejarano (funcionario público), Castro Rodríguez, Monge Hernández (funcionaria pública), Quesada Aguirre (funcionario público), Solís Vargas (ex funcionaria pública) y Ureña Villalobos (funcionario público).
