Edgar Fonseca, editor
La Fiscalía Anticorrupción inició ayer jueves la indagatoria a ppor lo menos 30 personas más supuestamente vinculadas al escándalo de sobornos y dádivas con contrataciones de obra pública denominado Cochinilla.
La Fiscalía reconoció que investigan en relación con dicho caso a unas 72 personas y no descartan más acusaciones.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que, respecto al caso conocido mediáticamente como “Cochinilla”, se encuentra dirigiendo diligencias relevantes para el desarrollo del caso, entre ellas, la toma de la declaración indagatoria a otras personas denunciadas en la causa”, ratificó un comunicado oficial.
“Este despacho indicó que no dará más información hasta que las indagatorias finalicen, diligencia que inició hoy y está programada para continuar en los próximos días. Lo anterior, en apego a lo establecido por el artículo 295 del Código Procesal Penal”, agregó Sharon Hernández, portavoz de la Fiscalía.
Hola don Edgar.
La Fiscalía Anticorrupción informó que son aproximadamente 30 personas. El número exacto y los apellidos de estas podremos informarlos hasta que finalicen las indagatorias, agregó dicha fuente este viernes.
Estas nuevas indagatorias se suman a las 30 realizadas desde el lunes 14 de junio cuando fueron arrestadas igual número de personas tras 57 allanamientos al ser desarticulada –segun OIJ y Fiscalía– una red de presuntos sobornos y dádivas en contrataciones de obra pública.
Al caso son ligados funcionarios de CONAVI, epicentro del escándalo, y particulares, entre ellos personeros de dos de las principales firmas constructoras privadas del país MECO y H Solís.
La mayoría de los investigados y detenidos quedó libre el sábado 27 de junio por orden de la jueza penal de Hacienda, Carolina Lizano.
Dicha jerarca rechazó un pedido de la Fiscalía para imponer un año de prisión preventiva a 14 de los imputados.
En su lugar, les impuso impedimento de salida, entrega de pasaporte, no acercarse a aeropuertos, a testigos ni a CONAVI.
La decisión de la jueza Lizano será objeto de revisión a poartir del lunes por el juez Hugo Porter, presidente del Tribunal Penal de Hacienda.
