Edgar Fonseca, editor
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) interpuso un reclamo de acción cicil por alegado daño social de ¢70 millones en el caso del denominado escándalo “cementazo” en que figuran como imputados el empresario Juan Carlos Bolaños y el exdiputado, PAC, Víctor Morales Zapata.
Dicha procuraduría, en representación del Estado en su condición de víctima, anunció que ayer 15 de julio de 2021, interpuso escritos de Querella y Acción Civil Resarcitoria en el proceso penal seguido bajo sumaria n° 15-000022-33-PE, seguido en la Fiscalía General de la República, contra Morales Zapata y Bolaños Rojas.
Lo anterior, informaron, se realizó conforme lo autoriza el artículo 3 inciso h de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la normativa Procesal Penal correspondiente.
Los hechos que se querellan, añadieron, constituyen delitos de tráfico de influencias agravados por influencias de Morales Zapata, y Bolaños Rojas en la Comisión Nacional de Emergencias, Casa Presidencial y Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y aceptación de dádiva por acto cumplido consistente en el pago de una casa vacacional a Morales Zapata por parte de Bolaños Rojas previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública respectivamente.
La procuraduría confirmó, además, la demanda civil de resarcimiento del daño social derivado de dichos delitos, y que asciende a una suma total de SETENTA MILLONES DE COLONES (¢70.000.000).
Según el ente procurador, el siguiente paso en el proceso, es realizar las comunicaciones de las piezas interpuestas por la Procuraduría, recabar un peritaje por daño social, lo cual se realizará en la Fiscalía General, para luego remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda para la realización de la Audiencia Preliminar, y decidir, en ese momento, si la causa penal se eleva a juicio, entre otros.
En la causa también figuran como imputados el exviceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez y el exdirector de Aduanas, Benito Coghi.
Las autoridades judiciales investigan y denunciaron en el caso supuestas anomalías en la importación de 20 mil toneladas de cemento chino al igual que presuntas irregularidades en tramites de créditos en el Banco de Costa Rica, hechos ocurridos desde 2016.
En esta otra causa figuran acusados el empresario Bolaños y otras ocho personas.
