Edgar Fonseca, editor
El Juzgado Tercero Liquidador de Causa Penales de Ciudad Panamá realizará mañana jueves 5 de agosto de 2021 la audiencia preliminar a 51 imputados por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario público, asociación ilícita para delinquir, contra la fe pública y blanqueo de capitales, a través de la asignación de contratos para obras públicas que eran canalizados por la sociedad Blue Apple, informa el diario La Prensa de esa capital.
En este caso figuró inicialmente investigado el empresario costarricense Carlos Cerdas de la constructora MECO quien llegó a un acuerdo de pena con la fiscalía y archivaron la causa en su contra.
La fiscalía logró acuerdos de pena con los empresarios Carlos Cerdas y Juan Alexis Rodríguez, de las constructoras Meco y Rodsa, y Julián Paris y Jorge Espino de Conceptos y Espacios, confirmó el diario este miércoles.
Las autoridades judiciales de ese país ratificaron un acuerdo al que el empresario llegó el 11 de diciembre de 2017 con la Fiscalía Sexta Anticorrupción mediante el que no se seguiría causa en su contra ni en contra de la constructora.
Las autoridades panameñas investigaron en dicho caso supuestos sobornos por $78,3 millones y recuperaron $35 millones por los acuerdos con algunos de los acusados. Ver PuroPeriodismo
Cerdas descuenta cuatro meses de prisión preventiva por el escándalo Cochinilla, en que fueron arrestadas y acusadas 30 personas el 14 de junio, entre funcionarios y particulares, en una investigación del OIJ y la Fiscalía por supuestos sobornos y dádivas en trámites de contratación de obra pública con un daño para el Estado estimado en unos ¢27 mil millones.
Presunto blanqueo de dinero por sobornos
La Prensa califica el caso Blue Apple la mayor trama de corrupción en dicho país después del escándalo Odebretch que se extendió por diversos países en Latinoamérica con acusaciones de multimillonarios sobornos en contratos de obra pública atribuidos a la constructora brasileña.
La audiencia de mañana jueves ha sido suspendida en dos ocasiones, en noviembre y abril, entre otras razones por la ausencia de abogados defensores.
La Fiscalía de Panamá advierte que corre riesgo de prescripción dicha causa.
El fiscal Aurelio Vásquez fue contundente cuando habló, en abril, del caso Blue Apple: “este es un caso emblemático, en el que hay una enorme cantidad de dinero que se diluyó a través de coimas, a través de sobornos”.
Y también lanzó una alerta: “quiero dejar sentada la posición del Ministerio Público. Nosotros tenemos una investigación robusta. Una investigación que queremos por seguridad jurídica, y certeza del castigo, se realice. Hay algo que no podemos negar. Y es que la prescripción es un elemento jurídico que puede argumentarse y es un elemento de ley, sin embargo, si actos dilatorios dan lugar a esos, el Tribunal también tiene que prestarle atención”.
La audiencia convocada para mañana se extendería por 25 días y se realizará en el Teatro Balboa debido a la cantidad de personas citadas
Este caso –cita el diario panameño– inició el 30 de octubre de 2017, a través de un informe de inteligencia policial, en que se hacía referencia del desvió de fuertes sumas de dinero a través de la sociedad Blue Apple, con el propósito de blanquear dinero proveniente del pago de sobornos entregados por la concesión de contratos de infraestructura pública.
Entre los principales imputados –según La Prensa— figuran Federico Suárez y Jorge Churro Ruiz,exministro y exadministrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP); Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de factoring del Global Bank; Federico Barrios, abogado de Blue Apple Services ,y los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, actualmente detenidos en Guatemala por un pedido de extradición de Estados Unidos, donde son investigados por distintos delitos ligados al blanqueo de capitales.
La audiencia estaba originalmente programada para el 19 de abril pasado, pero fue suspendida por la juez Baloisa Marquínez, porque varios abogados defensores no asistieron por diferentes motivos.
Por ello, la juez dispuso la designación de defensores públicos, en la eventualidad que algún abogado defensor no pueda acudir a la audiencia de este 5 de agosto.
La audiencia se celebrará en el Teatro Balboa, dada la gran cantidad de imputados, abogados defensores y funcionarios del Ministerio Público que participarán del acto.
Se desconoce si a la audiencia se permitirá la entrada de miembros de la prensa o si la cobertura podrá ser seguida de manera virtual.
