Edgar Fonseca, editor
El alcalde de San José, Johnny Araya, no descartó elevar a instancias judiciales contenciosas la sanción de 30 días, sin goce de salario, que le impuso la Contraloría General de la República por el pago de una indemnización de ¢253 millones que autorizó el municipio a la empresa de parquímetros Setex Aparki.
“Tengo la plena certeza de que, en la instancia que sea necesario, quedará plenamente demostrado que los funcionarios municipales, regidores y yo actuamos, sin irregularidad alguna y correctamente, con pleno apego a la Ley”, sostuvo Araya.
Enfatizó que ante la resolución de la Contraloría, no sólo cabe recurso de revocatoria con apelación, por la vía estrictamente administrativa, sino que además, en el caso, de ser necesario, lo elevarían a las instancias judiciales, en un proceso Contencioso Administrativo.
Sobre la base del convencimiento de que la actuación de la municipalidad estuvo apegada a derecho y fundamentada en criterios técnicos, jurídicos y financieros, advirtió que agotará las vías administrativas y jurídicas que sean necesarias, para demostrar que se actuó de forma correcta y en beneficio de la hacienda pública municipal.
Defiende indemnización
La sanción de la Contraloría incluye al vicealcalde, al director del departamento jurídico, al director administrativo financiero y a siete regidores.
Araya alegó que, la decisión de indemnizar a la mencionada empresa, se fundamentó no sólo en estudios técnicos, jurídicos y financieros, sino, sobre todo, en la opinión positiva de la Auditoría Municipal.
Afirmó que evitó una ruptura del contrato que hubiese dado pie a una demanda contra el municipio por miles de millones de colones, con el consecuente perjuicio para la hacienda pública y los intereses de la ciudadanía capitalina.
Calificó de paradójico, la resolución de la Contraloría cuando el gobierno local se reunió con esa institución para, precisamente, tener plena certeza de que la actuación del ayuntamiento estaba apegada a las mejores prácticas de la gestión pública.
Se mostró convencido de que, finalmente, la institución contralora terminará por respaldar las acciones realizadas por la Municipalidad de San José.
Destacó que el funcionamiento del sistema de estacionómetros en la capital ha significado ingresos al erario del ayuntamiento por más de ¢5.000 millones.
Para el jerarca esta suma no se habría recolectado en la eventualidad de que el contrato se hubiese incumplido, lo que habría dejado a las finanzas municipales en una situación muy difícil.
Araya ratificó tener la plena certeza de que, “en la instancia que sea necesaria, quedará plenamente demostrado que los funcionarios municipales, regidores y yo actuamos, sin irregularidad alguna y correctamente, con pleno apego a la Ley, lo que permitió evitar una millonaria demanda y ha hecho posible que el sistema de estacionómetros genere beneficios para las finanzas municipales”.
La sanción de la Contraloría se extiende a:
– los regidores: Wilber del Carmen Hernández Mora, Fernando Jiménez Debernardi, Jorge Luis Vargas Espinoza, Donald Alberto Leiva Hernández, Flor María Zamora Álvarez, Reina Isabel Acevedo Acevedo y Luis de los Ángeles Murillo Cruz: 25 días naturales de suspensión sin goce de dieta.
-vicealcalde de San José, Mario Enrique Vargas Serrano: 30 días naturales de suspensión sin goce de salario
– Osman Mariano Rodríguez, Director de la Dirección de la Asuntos Jurídicos: suspensión de 30 días naturales sin goce de salario.
– Edgar Luis Sandoval, Gerente del Departamento Administrativo Financiero: 30 días naturales de suspensión sin goce de salario.
