Presidente de Corte rechaza campaña de desestabilización del Ministerio Público que le atribuye exfiscala Emilia Navas

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Edgar Fonseca, editor

El magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, rechazó haber impulsado una campaña de desestabilización de las investigaciones relacionadas con alegados hechos de corrupción durante la gestión de la exfiscala general, Emilia Navas.

Así lo consigna un comunicado enviado a los medios por la Presidencia de la Corte ayer a las 7:37 p.m. que rechaza manifestaciones por parte de Navas, en tal sentido, la noche del martes en un programa de radio y en redes sociales.

Refuta categóricamente las manifestaciones que Navas Aparicio expresó en un programa de radio y redes sociales la noche de este martes 17 de agosto 2021, en el que se refirió a la existencia de una campaña de desinformación  proferidas por el Presidente de la Corte, magistrado Cruz Castro para desestabilizar al Ministerio Público en las investigaciones penales por hechos relacionados con corrupción, cita el comunicado oficial.  

La Presidencia de la Corte no alude a la denuncia interpuesta por la exfiscala ante un relator de la ONU en que aseguró que el magistrado supuestamente la llamó por teléfono el 25 de junio para apresurar su salida de la jefatura del Ministerio Público.

Navas elevó su denuncia ante Diego García-Sayán, relator de la ONU a cargo de temas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.

En la denuncia Navas destacó supuestas presiones de Cruz y otros magistrados, a quienes no identificó, contra la Fiscalía Anticorrupción.

Navas dejó su cargo el 29 de junio, cuatro días después de la alegada llamada del magistrado Cruz.

Ella estaba supuesta a jubilarse el 25 de agosto pero, conforme su versión, Cruz la presionó para que lo hiciera antes.

Procesos disciplinarios

En relación con los procesos disciplinarios que se abrieron tras la jubilación de la señora Navas Aparicio, los mismos responden al cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública, tras el ingreso de quejas de personas sobre temas concretos relacionados con la gestión de la señora Navas, ratificó el pronunciamiento de la Presidencia de la Corte

No es de recibo que tanto la Presidencia de la Corte como Corte Plena tengan conocimiento de quejas de la ciudadanía y omita darles el trámite que la legislación exige. Esta es una obligación que impone la ley, sin posibilidad de evadir o suprimir tal responsabilidad, aseveró la posición oficial.

Informe final

Según la Presidencia de la Corte, sobre el informe final de gestión presentado por la señora Navas Aparicio, luego de que decidiera acogerse a su derecho a la jubilación,  por mayoría de las y los  integrantes de Corte Plena se concluyó que dicho informe no era el adecuado para el cargo y  las responsabilidades asumidas por la exfuncionaria en un cargo de tanta trascendencia para el país. Por ello se acordó trasladarlo a la Auditoría Judicial, Contraloría General de la República y a la Fiscalía General para lo que les compete resolver. Esta decisión colegiada del órgano en  pleno, se fundamenta a los lineamientos establecidos por normas constitucionales y legales que regulan la función pública, principalmente por respeto al principio de rendición de cuentas.  

Jubilación y causas pendientes

La Presidencia de la Corte reiteró que,  declarar el derecho jubilatorio de una persona funcionaria judicial es una competencia exclusiva por ley de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. En caso de que existan causas e investigaciones contra las personas en el momento en que converge con su retiro laboral, se debe cumplir los procesos establecidos y acatar las consecuencias dispuestas por la ley, en caso que así se determine mediante resolución,  sea esta jurisdiccional o administrativa. Estas son acciones como parte de un ejercicio responsable en la función pública que deben cumplirse por exigencia legal

Respeto a independencia funcional

En el comunicado enviado, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia destacó el respeto absoluto hacia la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público, a quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala  General de la República, a las personas Fiscales Adjuntos, Fiscales Auxiliares y en general a todo el personal que labora en ese de ese órgano judicial,  esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.


Navas elevó denuncia ante relator ONU

La exfiscala general, Emilia Navas, remitió la denuncia de las supuestas represalias y amenazas por parte del magistrado presidente Fernando Cruz y otros magistrados, no identificados, ante Diego García-Sayán, relator de la ONU a cargo de temas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.

La exfiscala afirmó que Cruz la llamó por teléfono el 25 de junio para presionar su jubilación, por lo que ella decidió retirarse el 29 de junio y no el 25 de agosto.

Denuncia represalias

“Para evitar la continuidad de represalias contra el Ministerio Público y, en particular, contra la Fiscalía General de la República y el excelente trabajo de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, represalias que se recrudecieron desproporcionadamente a partir del llamado “Caso Cochinilla”, y debido a la presión ejercida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. Fernando Cruz Castro, y a las serias advertencias que recibí de que algunos magistrados y magistradas que deseaban impedir mi jubilación y el pago de mis prestaciones laborales, y que, a tal propósito, estaban dispuestos a abrir procesos disciplinarios en mi contra, con un rápido traslado de cargos para revocar mi nombramiento, tomé la decisión de adelantar la fecha de mi jubilación para el 29 de junio de 2021”, asevera Navas en el documento ante el representante ONU.

“Fernando Cruz Castro, se empeñó en generar ante la población una sensación de falta de confianza del país hacia el cargo de la Fiscalía General de la República y su equipo de trabajo por la supuesta ineficiencia y pérdida de legitimidad del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos de corrupción, calificando el trabajo de la Fiscalía como –literalmente– un ‘desgaste’”, enfatizó.

“Con ello, el Sr. Cruz Castro hacía eco de los ataques que muchas de las personas investigadas (tanto con inmunidad como sin ella) y sus abogados defensores, realizaron durante mi gestión”, amplió en su denuncia la exfiscala.