Edgar Fonseca, editor
La eventual libertad de la empresaria Mélida Solís, de la firma H Solís, vinculada al escándalo Cochinilla de supuestos sobornos y dádivas en contratación de obra pública, depende de lo que determine un dictamen forense sobre su condición de salud, confirmó la Fiscalía este lunes.
En el caso específico de la imputada Solís, por tratarse de un incidente de enfermedad, la postura de la representación fiscal fue que se le realizara una valoración en Medicina Forense, para que sea este análisis de su condición de salud el que determine si resulta pertinente o no que permanezca en prisión, consignó una respuesta del Ministerio Público ante consulta de este editor.
Confirmaron, además, que el empresario Carlos Cerdas Araya de la firma MECO continuará detenido luego que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea rechazó el viernes una gestión de su defensa para que se le liberara.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que el Juzgado Penal rechazó la solicitud planteada por la defensa del imputado Cerdas Araya y ordenó que este permanezca en prisión preventiva, cita la versión oficial.
La resolución de la Jueza Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea Carolina Lizano, el viernes 23 de setiembre, sostuvo que al no existir cambio alguno en las circunstancias que motivaron las medidas cautelares, rechazó la solicitud de variación de la medida cautelar en el caso de Cerdas y mantuvo de forma incólume las dictadas en su contra sin perjuicio que sean revisadas las condiciones por las cuales se ordenó esta medida a fin de determinar si las mismas se mantienen.
En el caso de la imputada Solís, la Fiscalía informó que no ha sido notificada de la resolución.
Dicha Fiscalía ratificó que en todo momento ha manifestado su posición de que ambos se mantengan cumpliendo prisión preventiva.
Cerdas y Solís fueron arrestados el 14 de junio al revelar OIJ y Fiscalía la desarticulación de una red de funcionarios y particulares involucrada en los supuestos sobornos y dádivas en el trámite de contratación de obra pública.
A ambos empresarios la juez penal Lizano les otorgó, el 26 de junio, fianzas por $5 millones y $3 millones, respectivamente, que fueron revocadas el 19 de julio en una resolución del juez Hugo Porter del Tribunal Penal, de dicho circuito judicial que advirtió, entre otras razones, el eventual peligro de fuga de los acusados.
Por este caso, en un primer momento fueron detenidas 30 personas tras 57 allanamientos, en uno de los mayores escándalos de alegada corrupción con fondos públicos desde los casos de los expresidentes Rodríguez y Calderón en 2004.
Walter Espinoza, director del OIJ, estimó que el daño al Estado por este caso se estima inicialmente en unos ¢78.000 millones.
Como epicentro de la supuesta red de sobornos y dádivas se identificó al CONAVI.
