Edgar Fonseca, editor/Foto Asamblea Legislativa
Un total de 152 asesinatos, la mayoría por ajustes de cuentas entre bandas narco, fueron perpetrados en los últimos cinco años en la zona sur, reveló este martes el director del OIJ, Walter Espinoza, en la sesión final de la comisión legislativa que investigó la posible penetración narco en municipalidades y partidos.
Esa cifra fija en 9,73 la tasa de homicidios en la zona por cada 100 habitantes, amplió el jerarca.
El 55% de los homicidios fueron por ajustes de cuentas entre bandas narco, confirmó.
Del total de asesinatos, 64 fueron cometidos en Corredores, fronterizo con Panamá, 34 en Pérez Zeledón, 26 en Golfito, 15 en Osa, 8 en Buenos Aires y 5 en Coto Brus.
En la comparecencia, Espinoza también detalló que en el periodo 2017-2021 fueron decomisadas 60 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína.
De los decomisos, 76% corresponde a cocaína y 24% a marihuana.
Según su desglose, la droga se decomisó en 80 contenedores intervenidos en el puerto de origen.
La mayoría de decomisos locales –en dicho periodo– se dieron en la megaterminal portuaria de APM Terminals, Moín.
Otras incautaciones se registraron en 46 contenedores detectados en puertos de destino.
En 2020 fueron decomisadas 71 toneladas de drogas y la proyección de las autoridades es que este año se llegue a 75 toneladas.
El golpe a la red de Pancho Villa
Precisamente, uno de los dos grandes golpes ejecutados este año contra organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional desde la zona sur impulsó la creación de la comisión investigadora legislativa.
Se trata del caso denominado Pancho Villa, apodo de un individuo de apellido González, sospechoso líder narco basado en Corredores, quien fue capturado el 6 abril en un condominio en San Joaquín de Flores, tras 25 de allanamientos y 23 detenciones e intervención de bienes muebles e inmuebles por ¢1.800 millones.
González se hacía pasar por empresario en distintas actividades, reveló Espinoza en aquel momento, y destacó que la fortuna acumulada por el grupo investigado ascendía a unos $3 millones.
La comisión inició su investigación tras trascender que el diputado Gustavo Viales, exsecretario PLN y expresidente de la comisión investigadora de seguridad y narcotráfico, visitó el condominio donde fue arrestado el presunto líder narco, el Martes Santo, 30 de marzo, una semana antes del operativo policial.
Viales alega que llegó a recibir documentación en un UPS que le dejó un munícipe de apellido Chavarria, presidente del concejo de Corredores, detenido durante el operativo contra González.
Amenaza y carencia de recursos
Según un reporte de la Asamblea Legislativa, tanto Espinoza como el Ministro de Seguridad, Michael Soto, confirmaron el aumento en el avance que ha tenido la actividad del narcotráfico en la zona sur y la falta de recurso humano y económico para combatirlo, por lo que solicitaron nueva legislación que contribuya a combatir este flagelo.
Ambos jerarcas quienes fueron recibidos en la última sesión de audiencias de la Comisión Especial que investiga denuncias sobre posible penetración del narcotráfico en la zona sur
Espinoza, director de OIJ, hizo un recuento sobre las incautaciones que se han realizado de drogas en la zona sur, la mayoría ocultos en productos que se exportan como son la piña cuyos principales destinos son países europeos.
“Tenemos en la zona sur varias investigaciones abiertas, pero les aclaro que, por el artículo 295 (Código Penal), no podemos conversar sobre ellas. Eso sí, el OIJ tiene un especial interés en el abordaje de actividades criminales de estructuras en la zona sur”, resaltó Espinoza.
Lamentó la escasez de personal.
Dijo que solo disponen de 79 agentes para cubrir una vasta zona territorial que incluye: Corredores, Golfito, San Vito, Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa .
“La fuerza que tenemos en el lugar es muy poca y cada uno tiene que cubrir 120 kilómetros cuadrados”, insistió.
“La presencia de la Policía Judicial es muy débil y es lo común incluso en otras policías”, reconoció.
“Esta es una zona de contrabando, tráfico de drogas y de migrantes, lavado de dinero, trata de personas, prostitución y trasiego de armas, pero tiene poco control”, ratificó.
En cuanto a los homicidios ocurridos en la zona, el director del OIJ confirmó que la mayoría están ligados a la actividad del narcotráfico y según explicó hay varias investigaciones abiertas sobre estructuras de organizaciones que operan en el lugar.
Pide ayuda para intervenciones telefónicas
Espinoza pidió el apoyo de los diputados para las intervenciones telefónicas y urgió una ampliación de la legislación para utilizarlas en las investigaciones de homicidios y desapariciones.
También gestionó que el OIJ acceda a base de datos de entidades financieras para las investigaciones que se realizan con delitos relacionados con el tema de fraude, así como los ligados al lavado de dinero pues sostiene en este momento hay muchas restricciones,
El diputado Otto Roberto Vargas Víquez lamentó que la comisión no logrará su objetivo por haberse involucrado la política por estará en año electoral y al estar la mayoría de los casos en estratos judiciales, agregó el reporte legislativo.
¿Más políticos involucrados?
El legislador Luis Ramón Carranza Cascante consultó sobre la posibilidad de que políticos y funcionarios públicos estén involucrados en la actividad del narcotráfico.
El director del OIJ contestó que es común que este tipo de organizaciones criminales realicen actividades para comprar conciencias.
En cuanto a las actividades en las que se busca con mayor frecuencia legitimar capitales ante una consulta del legislador Carranza Cascante el director del OIJ enfatizó que el alcance es muy amplio y el narcotráfico no discrimina ninguna.
El Ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, manifestó que la zona sur es de las complicadas por el tema acuático y por ser la más cercana a los lugares donde se produce la coca, lo que ha provocado grandes decomisos en los últimos años, y ha derivado en coordinar estrategias con Panamá para combatir la actividad.
La diputada Karine Niño Gutiérrez se refirió a la ley de extinción de dominio y propuso que se establezca solo para casos de narcotráfico, pero el ministro sostiene que lo mejor sería para el crimen organizado pues el margen de maniobra podría ser más amplio.
- Con información de prensa OIJ y Vera Solano Salazar, Prensa Asamblea Legislativa
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