Edgar Fonseca, editor
La Procuraduría de la Ética Pública estima como un “desafío clave” probar en juicio el daño social que atribuye a nueve imputados y cuatro empresas ligadas por Fiscalía y OIJ al escándalo denominado “cementazo”.
La causa recién fue elevada a juicio por el Juzgado Penal de Hacienda y se está a la espera de lo que resuelva el Tribunal Penal sobre la fecha de inicio del debate.
Al caso es ligado por las autoridades el empresario Juan Carlos Bolaños y otros 8 imputados.
Las autoridades judiciales les atribuyen supuesta responsabilidad en anomalías detectadas en líneas bancarias de crédito giradas para la importación de cemento de China durante la administración Solís Rivera (2014-2018).
Grado de probabilidad requerido
Al pedir a la Procuraduría una valoración del caso tras la reciente decisión de elevarlo a juicio, respondieron que si el Juzgado Penal dictó el auto de apertura a juicio es porque considera que existe un grado de probabilidad requerido para considerar que los imputados son responsables de los hechos imputados.
El caso lo atiende por la Procuraduría el licenciado Clarencio Bolaños Barth en la causa número 17-13-33-PE, seguida contra Bolaños Rojas y otros por el presunto delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública.
La Procuraduría se apersonó al proceso como víctima de domicilio conocido, y a su vez interpuso una acción civil resarcitoria, en la cual está cobrando el daño social por los hechos de corrupción, citó la respuesta oficial ante consultas de este editor.
La Procuraduría reconoce que la investigación fue bastante compleja, y remitió para la información sobre esa investigación al Ministerio Público.
–¿Por qué demandan personas y empresas?
-Las razones para imputar tanto a las personas físicas como jurídicas es porque las primeras son los imputados responsables de cometer el daño social ocasionado, y las segundas porque también se considera que tienen responsabilidad civil, esto al haber sido parte del crédito otorgado por parte del Banco Popular, añadió la respuesta de la Procuraduría.
–Desafío clave
-El desafío clave para la Procuraduría respecto de esta causa es poder demostrar la existencia del daño social producto de los actos de corrupción llevados a cabo por cada uno de los imputados, ratificaron.
–¿Por qué ese monto?
-Las razones del monto estimado en la acción civil resarcitoria, es porque la Procuraduría solicitó que se realizara un dictamen pericial que estableciera el monto por daño social. Y así fué, se nombró a un perito actuario matemático que estableció que el monto del daño social se estimaba en 138,950,467,697.34 (ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y siete colones y treinta y cuatro céntimos)
Las pretensiones del Estado con la demanda civil entablada es obtener una condena por el daño social generado por los presuntos hechos de corrupción cometidos, confirmaron.
Las personas demandadas son:
1. KENDALL GÓMEZ BARRANTES
2. ALLAN BOGANTES BRENES
3. ANA LAURA SUAREZ AGUIAR
4. JAVIER ROJAS SEGURA
5. RIGOBERTO DELGADO NEGRINI
6. ADOLFO ARIAS SILESKY
7. JOSÉ THOMPSON CAMACHO
8. JUAN CARLOS BOLAÑOS ROJAS
9. MARIO CORTÉS ZÚÑIGA
Asimismo, se demandó de manera solidaria a las siguientes empresas:
INVERSIONES E INMOBILIARIA DEL GRUPO JCB S.A
JCB CONSTRUCTORA Y ALQUILER S.A
JCB DISTRIBUIDORA S.A
SINOCEM COSTA RICA S.A
- Fuente: Procuraduría de la Ética Pública, Costa Rica
