Edgar Fonseca, editor
Con investigaciones, allanamientos, capturas y acusaciones que sacudieron los cimientos institucionales como no ocurría desde 2004, el OIJ y la Fiscalía se convirtieron en protagonistas noticiosos estelares de 2021.
Las revelaciones de alegada penetración de bandas del crimen organizado en estamentos políticos, con los casos “Darwin”, (6 de abril), y “Turesky”, (23 de mayo), dejaron al descubierto una sospecha a voz en cuello en el país: la arremetida de grupos delincuenciales que, en algunos de esos casos, hallaron complicidad en funcionarios sospechosos, detenidos y acusados.
“El narcotráfico, el crimen organizado caminan y avanzan por el mismo sendero que la corrupción. La generación de fortunas, la posibilidad de comprar conciencias, el acercamiento a los estamentos del Estado, la posibilidad de controlar la manera en como se manejan los gobiernos”, alertó Walter Espinoza, director OIJ, en una entrevista con este editor el 22 de abril al analizar el caso Darwin.
”La infiltración de las municipalidades, de las alcaldías, de las policías, de las fiscalías, de los jueces, de todo lo que nosotros nos podemos imaginar, es parte de la estructura y de la visión empresarial de estos grupos”, sentenció.
“”Porque de esas maneras logran obtener información, ejecutar acciones de control, tener posibilidad de conocimiento de datos que en tesis de principio no deberían manejar y de alguna manera tener tranquilidad en la ejecución de su actividad empresarial ilícita”, amplió el jerarca del OIJ, quien confirmó que esta red, forma parte de estructuras de “alto perfil” que operan en el país ligadas a carteles colombianos y mexicanos.
Dicho caso desató la renuncia del diputado Gustavo Viales a la fracción, a la secretaria general del PLN y a la presidencia de la comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Viales fue cuestionado por haber visitado un condominio de un individuo de apellido González, principal sospechoso de ser el líder en dicho caso, el 30 de marzo.
El diputado rechazó cualquier vínculo anómalo de su parte con el caso denunciado.
El incidente derivó en una investigación de una comisión en la Asamblea Legislativa.
Dicha comisión también investigó cuestionamientos al diputado Oscar Cascante, PUSC, por haber supuestamente recibido, en al menos 13 ocasiones, a dos de los sospechosos del denominado caso Turesky. El legislador alegó que se trató de gestiones de personeros de una firma constructora interesados en desarrollar obras de viviendas de interés social en el Pacífico y el sur del país.
Las revelaciones dieron a conocer que los sospechosos habían hecho al menos 30 visitas a legisladores en las últimas dos periodos.
Incluso uno de ellos fueron recibido en Casa Presidencial durante la administración Solís Herrera durante una audiencia con la vicepresidenta Ana Helena Chacón en 2018.
La comisión cesó abruptamente su labor en noviembre sin mencionar los casos de los diputados cuestionados.
- El terremoto “Cochinilla”
El caso “Cochinilla”, el mayor escándalo de alegada corrupción en la gestión pública en las últimas dos décadas desde los casos de las investigaciones, acusaciones y detenciones de los expresidentes, Rodríguez y Calderón en 2004, estremeció al país la mañana del lunes 14 de junio.
Decenas de fiscales y agentes OIJ ejecutaron al menos 57 allanamientos y el arresto inicial de 30 sospechosos, entre ellos representantes de poderosas firmas del sector constructor, involucrados por las autoridades en un presunto esquema de sobornos y dádivas en la contratación de obra pública que causó un daño estimado inicialmente al sector público de unos ¢27.000 millones, según aseveró en aquel momento Walter Espinoza, director OIJ.
- El Caso Cochinilla fue premiado este lunes 13 de diciembre como la mejor investigación del año del OIJ.
Con esas detenciones y las de decenas de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), -epicentro de los hechos denunciados–, como sospechosos de complicidad, no solo se envió un vertiginoso mensaje al país de la profundidad de alegada corrupción en la función pública, sino que las autoridades asestaron un golpe mayúsculo al programa estrella de la administración Alvarado, cual era el de la obra pública, asignado en su mayor parte a contratos con las empresas y empresarios investigados.
“Esta actividad operativa en la que está participando el Organismo de Investigación Judicial responde a un caso que iniciamos en el año 2019, lo iniciamos en conjunto con la Fiscalía General y con la sección anticorrupción del Ministerio Público como consecuencia de haber recibido informaciones confidenciales y denuncias presentadas por particulares que aludían a la existencia de un grupo de funcionarios que tenia su ubicación fundamentalmente en Conavi y que se habían coludido, se habían puesto de acuerdo con empresarios importantes de nuestro país para generar favores para traficar influencias para producir hecho de peculado para obtener beneficios en contratación de obra pública”, ratificó el director OIJ, al revelar el caso.
Sistema a prueba
“El sistema penal está a prueba y esta es una circunstancia que debe atender. Hay un compromiso y una promesa del OIJ de ayudarle a la Fiscalía de manera total y absoluta para que logre articular acciones dirigidas a que esto lo pueda acusar pronto y ese compromiso nosotros lo cumplimos con convicción y dignidad total, las otras partes tiene que ver con los jueces, los defensores y la propia Fiscalía”, enfatizó el jerarca policial.
“Yo esperaría que en algún momento hasta un imputado de estos pudiese decirle a la población: ‘Sí, yo fui’, si la prueba es clarísima. Son personas preparadas. Son imputados que tienen posibilidades académicas. ¿Van a decir que esa no es su voz?, ¿qué esa no es su conversación o teléfono? Todavía tengo esperanza”, insistió.
A la fecha hay 75 imputados y 12 empresas investigadas y vinculadas al caso.
- Caso “Azteca”, la penetración de AyA
Sin asentarse las secuelas políticas, judiciales e institucionales por dicho caso, la opinión pública volvió a hervir el 9 de noviembre, al trascender el caso “Azteca” en que las autoridades involucraron a miembros de una banda dedicada al tráfico internacional de cocaína con supuestos vínculos con funcionarios de AyA, 14 de los cuales fueron detenidos.
“Logramos establecer, por una gran cantidad de señales de alerta, que se estaban creando sociedades anónimas de fachada, con el fin de darles un giro comercial para poder insertar dinero en efectivo en ellas. Además, estaban adquiriendo una gran cantidad de propiedades y estaban pagando su operatividad con dinero en efectivo”, confirmó el director OIJ al dar a conocer el caso.
- Caso “Diamante”, seis alcaldes arrestados
Menos de una semana después, el país volvió a ser sacudido la mañana del lunes 15 de noviembre cuando, en otro megaoperativo denominado Caso Diamante, fueron arrestados seis alcaldes de tres de las principales cabeceras provinciales: Johnny Araya, San José, Humberto Soto, Alajuela, Mario Redondo, Cartago, así como Arnoldo Barahona, Escazú, Alfredo Córdoba, San Carlos y Alberto Cole, Osa, presuntamente ligados a una red de dádivas en la contratación de obra pública cantonal.
Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas. A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos, destacó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción al momento de los 40 allanamientos ejecutados por al menos 600 agentes y 32 fiscales.
Los involucrados alegan inocencia.
Estos casos apenas en etapa inicial en vía judicial, con investigaciones en marcha y la eventualidad de más revelaciones y nuevas acusaciones y detenciones, destacaron tanto al OIJ como a la Fiscalía como protagonistas noticiosos estelares de 2021.
