Edgar Fonseca, editor
Los diputados de la comisión investigadora del escándalo Cochinilla, alegada trama de corrupción en obras de contratación pública, emitieron este jueves su informe final y demandan al presidente Carlos Alvarado la destitución del ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata.
“Se establece sanción política y moral, consistente en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (cuatro años) y la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante dos períodos constitucionales (ocho años)”, ratificó el informe en contra de Méndez y de otros jerarcas de CONAVI, epicentro del mayor escándalo de alegada corrupción en la gestión pública en años recientes.
Los legisladores le atribuyen al ministro supuesta inacción, omisión, complacencia y negligencia, en asuntos como las relaciones de hechos que fueron engavetadas, permitiendo que no se establecieran responsabilidades de los funcionarios; la desatención o archivo de las recomendaciones de Lanamme-UCR.
La sanción determinada por los legisladores incluye a Marcia Cordero Sandí, Luis Llach Cordero, Jenny Núñez Montoya, Tomás Figueroa Malavassi, Berny Vargas Mejía y Vilma Padilla Guevara, integrantes del Consejo de Administración de CONAVI.
El escándalo Cochinilla estalló el 14 de junio de 2021 cuando centenares de agentes y fiscales ejecutaron al menos 50 allanamientos al desarticular una presunta red de dádivas y sobornos en los trámites de contratación de obra pública.
El director del OIJ, Walter Espinoza, sostuvo al momento de revelar las implicaciones del caso que el daño social estimado para el Estado rondaba los ¢78.000 millones.
La cifra fue puesta en duda en fechas recientes luego que la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo ante la comisión investigadora y ante a Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción que ese monto no salió de las arcas estatales.
Por este caso fueron detenidas inicialmente 30 personas, de las cuales, 28 están con acusación, dos de ellas, los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís de las constructoras MECO y H Solís, respectivamente, guardan prisión preventiva desde hace ocho meses.
La Fiscalía pretende que se les extienda el periodo de prisión preventiva otros seis meses.
El escándalo manchó uno de los programas estrella de la administración Alvarado en infraestructura pública.
Dentro de las investigaciones, la Fiscalía averigua presuntas anomalías en el cierre de cuatro plantas de asfalto ordenado por el ministro Méndez.
En tales pesquisas, fiscales y agentes OIJ allanaron la residencia de Méndez Mata, Bajo Corrales de Naranjo, y su despacho, el 10 de marzo.
Según la Fiscalía, las diligencias de allanamiento se concentraron en buscar prueba relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de plantas asfálticas y la supuesta conversión de rutas cantonales a nacionales, aparentemente en beneficio de terceras personas.
El ministro Méndez defendió el pasado martes 22 de marzo, nuevamente, su accionar inicial frente a los casos de corrupción detectados en dicha dependencia que culminaron con el caso Cochinilla.
Según Méndez Mata, mediante el Oficio DIE-12-18-2949 (011) del 11 de diciembre del 2018, emanado de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), se confirmó la decisión y el posterior seguimiento para unir esfuerzos con el OIJ, desde el 2018, para combatir la corrupción en esa institución.
“De ese modo se logró el contacto con la unidad anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en noviembre de 2018, con la cual se están coordinando todas las gestiones necesarias, no solo para atender los hechos puntuales de la región de Guanacaste, sino y tal como lo señala en sus recomendaciones, de la totalidad de las zonas de trabajo de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes”, citó de dicho oficio un comunicado del MOPT.
