Fianzas de $10 millones y $5 millones para Carlos Cerdas y Mélida Solís/ Y les dictan arresto domiciliario

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Edgar Fonseca, editor

A los empresarios Carlos Cerdas de la firma MECO y Mélida Solís de H Solís, vinculados por OIJ y Fiscalía al caso Cochinilla, una supuesta trama de alegada corrupción en contratos de obra pública, les dictaron el viernes arresto domiciliario con fianzas de $10 millones y $5 millones, respectivamente, según dispuso una jueza penal.

La resolución la adoptó la jueza Karol Castro Fallas, del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, trascendió.

Ambos quedaron libres la mañana de este sábado tras cumplir nueve meses de prisión preventiva.

La Fiscalía pretendía que se les extendiera la medida cautelar de prisión preventiva por otros seis meses.

Se desconoce si la Fiscalía apelará lo dispuesto por dicha jueza penal.

Ambos fueron involucrados por las autoridades judiciales en dicho caso, el mayor escándalo de alegada corrupción con recursos públicos, por el que inicialmente fueron arrestadas 28 personas.

El escándalo estalló el 14 de junio anterior y tuvo como epicentro CONAVI a cargo de los trámites de contratación de obra pública.

En uno de los mayores operativos policiales-judiciales de tiempos recientes, agentes y fiscales consumaron al menos 50 allanamientos en dicha entidad así como en empresas constructoras investigadas.

Según dispuso la jueza Castro, tanto Cerdas como Solís deberán cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario bajo monitoreo de brazalete electrónico.

Quedan con impedimento de salida del país y deben entregar sus pasaportes y tienen prohibición de comunicarse con testigos del caso.

Según las autoridades, el caso dejó al descubierto una alegada trama de supuestas dádivas y sobornos en los trámites de contratación de obra pública a cargo de CONAVI con la supuesta participación de personeros de distintas constructoras.

Walter Espinoza, director de OIJ, aseguró, al momento de dar a conocer el caso, que el presunto daño social para el Estado por los hechos investigados rondaba ¢78.000 millones.

La cifra ha sido puesta en duda por la parte defensora luego que la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo ante una comisión legislativa investigadora y ante la Fiscalía Contra Corrupción, el 10 de febrero, que ese monto de recursos nunca salió de Hacienda.