Edgar Fonseca, editor
La resolución que dejó bajo arresto domiciliario y fianzas de $10 millones y $5 millones, respectivamente, a los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, acusados por el caso Cochinilla, fue apelada por la Fiscalía, confirmaron fuentes oficiales.
La decisión la adoptó el viernes una Jueza Penal de Hacienda, Karol Castro Fallas.
Ambos quedaron bajo monitoreo electrónico.
Les ordenó la entrega de los pasaportes y no acercarse a testigos.
Con dicha medida, los empresarios de las empresas MECO y H Solís, respectivamente, quedaron en libertad el sábado tras nueve meses de prisión preventiva.
Apelaron
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que presentó una apelación contra la resolución emitida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, informó una fuente oficial.
En apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el despacho indicó que no podrá dar mayores detalles. Por esta razón, es todo lo que se informará al respecto, añadieron.
El escándalo estalló el 14 de junio anterior y tuvo como epicentro CONAVI a cargo de los trámites de contratación de obra pública.
En uno de los mayores operativos policiales-judiciales de tiempos recientes, agentes y fiscales consumaron al menos 50 allanamientos en dicha entidad así como en empresas constructoras investigadas.
Según las autoridades, el caso dejó al descubierto una alegada trama de supuestas dádivas y sobornos en los trámites de contratación de obra pública a cargo de CONAVI con la supuesta participación de personeros de distintas constructoras.
Walter Espinoza, director de OIJ, aseguró, al momento de dar a conocer el caso, que el presunto daño social para el Estado por los hechos investigados rondaba ¢78.000 millones.
La cifra ha sido puesta en duda por la parte defensora luego que la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo ante una comisión legislativa investigadora y ante la Fiscalía Contra Corrupción, que ese monto de recursos nunca salió de Hacienda.
