Aduanas con servicio ampliado en fin de semana por colapso en plataformas tributarias

957

Edgar Fonseca, editor

Tras una semana del colapso de plataformas tributarias debido a una acción cibercriminal de hackeo, el gobierno anunció ayer que el Servicio Nacional de Aduanas ampliará este fin de semana los horarios de atención en las Aduanas Santamaría, Central, Caldera y Limón, con el objetivo de agilizar los procesos de importación y exportación de mercancías.

Precisaron que la atención se realizará de manera virtual, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Según el anuncio oficial, con el fin de normalizar los procedimientos para el ingreso, salida, tránsito y nacionalización de mercancías durante el fin de semana, se habilitarán los depósitos fiscales para la recepción de carga de las unidades de transporte en tránsito, así como para el despacho de importaciones.

También para agilizar los trámites de exportación e importación, el viernes emitieron el Comunicado DGA-015-2022, que autoriza e instruye a las líneas navieras a remitir de manera agrupada todas las declaraciones de exportación, sin que medie autorización previa de la Aduana, la cual podrá realizar a posteriori cualquier control que considere necesario.  

Caldera saturado

Según Casa Presidencial, en el caso particular de la Aduana de Caldera, y ante la saturación del puerto, se instruye el traslado directo de las unidades contenedoras a los estacionamientos transitorios autorizados por la Dirección General de Aduanas.

Estas medidas se suman a los planes de contingencia que ha emitido el Servicio Nacional de Aduanas durante esta semana, para atender a las personas usuarias y mitigar los efectos por la suspensión temporal de los sistemas del Ministerio de Hacienda.

Las plataformas tributarias ATV y TICA están paralizadas desde la madrugada del lunes 18 de abril debido a un ataque cibernético ejecutado por un denominado Conti Group que exigía inicialmente al gobierno el pago de un “rescate” de $10 millones por los archivos secuestrados. Luego bajó la exigencia a $6,5 millones. El gobierno rechaza acceder a esa exigencia por considerarla ilegal.

El caso está bajo investigación de la Fiscalía de Fraudes luego de una denucnia elevada por el ministro de Hacienda, Elián Villegas.