Edgar Fonseca, editor
El Ministerio de Hacienda hizo pagos en la última semana por al menos ¢123.000 millones en medio del colapso de los sistemas informáticos institucionales, desde el lunes 18 de abril, atribuido a una acción cibercriminal.
Según versión oficial, se trató de una serie de pagos previstos para esta semana, lo que le permitió atender obligaciones con la CCSS, pensionados, beneficiarios de pensiones alimentarias, deductoras e instituciones incorporadas a Caja Única y con el pago de la deuda pública.
De emergencia
Se cumplió en tiempo con los pagos correspondientes a deuda interna y externa; así como los de la CCSS por más de ¢43 mil millones, ratificó un comunicado de Hacienda.
Precisaron que la Tesorería Nacional trasladó a entidades deductoras más de ¢27 mil millones, correspondientes a los rebajos realizados a las personas funcionarias activas del Gobierno Central y Poder Judicial.
Añadieron que a dichos desembolsos se sumaron más de ¢36 mil millones para pensiones con cargo al presupuesto nacional y pensiones alimentarias. Adicionalmente, Hacienda realizó el desembolso de otras transferencias a entidades de Caja Única por más de ¢17 mil millones, dentro de la que sobresale al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para beneficiarios del Programa Avancemos.
Hacienda enfatizó que equipos continúan trabajando para hacer efectivos los pagos programados para la próxima semana, dentro de ellos el pago del salario a los trabajadores públicos correspondiente a la segunda quincena del mes de abril y la transferencia al Fondo Especial de Educación Superior (FEES).
Los sistemas informáticos de Hacienda sufrieron un ataque cibernético que paralizó abruptamente las plataformas tributarias ATV y TICA.
Aunque inicialmente Hacienda esperaba renormalizar servicios entre miércoles y jueves, eso no ha sido posible, lo que ha derivado en una serie de acciones de emergencia.
El ataque cibernético es atribuido a un denominado Conti Group que exigió inicialmente $10 millones de “pago de rescate” de los archivos secuestrados. Luego bajó la exigencia a $6,5 millones. El gobierno rechaza cumplir esa demanda por considerarla ilegal.
