Edgar Fonseca, editor
Los seis alcaldes investigados en el denominado caso Diamante por supuestas anomalías en contrataciones de obra pública municipal quedaron libres de medidas cautelares, trascendió la noche de ayer lunes.
La medida incluye a Johnny Araya Monge, San José; Humberto Soto Herrera, Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, Escazú, Mario Redondo Poveda, Cartago; y Alberto Cole De León, Osa y Alfredo Córdoba Soro, San Carlos.
- “Eso me da una profunda alegría. Ha sido mu lugar de trabajo durante muchos años. Esta separación que obligadamente he tenido por seis meses obviamente me ha dolido, me ha entristecido pero bueno, pero Dios es grande”, dijo Araya tras la resolución del juzgado.
La decisión la adoptó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.
La única medida que les queda es impedimento de salida del país, sujeta a valoración del juzgado a cargo del caso.
La Fiscalía apeló de inmediato lo dispuesto por el juez penal Felix Castellón Ruiz.
A los alcaldes les fue levantada la restricción de ejercer sus cargos, de lo que fueron suspendidos desde el 15 de noviembre anterior tras 40 allanamientos y 13 capturas ejecutadas en un megaoperativo de OIJ y Fiscalía en distintas localidades.
Dichos funcionarios tampoco podían acercarse a los municipios de su jurisdicción ni contactar a testigos del caso.
El Tribunal Penal de Hacienda rechazó, el 2 de marzo, una apelación planteada por dichos acusados contra las medidas.
Aparte de levantarle las medidas a los alcaldes, el juez dispuso cesar las medidas vigentes contra cinco funcionarios de distintas municipalidades: Castro Camacho (San José), Chacón Ugalde (Alajuela), Boraschi González (Escazú), Mayorga Mayorga y Suárez Vásquez (Golfito).
En el caso de un imputado de apellido Cruz, gerente de empresa, el juez le mantuvo la entrega del pasaporte e impedimento de salida.
Sobre otro imputado de apellido Gutiérrez gerente dela Unidad de Asfaltos de la constructora MECO, quedó con monitoreo electrónico , impedimento de salida del país y firma en sede judicial.
El 15 de noviembre de 2021 el Organismo de Investigación Judicial destapó dicho escándalo y denunció supuestos actos ilícitos en contratación de obra pública municipal.
Según OIJ y Fiscalía, en el caso habría mediado presuntas dádivas de dinero, vehículos, y otros a cambio de presunta facilitación de trámites de 15 proyectos de obra vial y pública.
Los acusados rechazaron los cargos desde un primer momento.
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Tratado como un capo, denunció Araya
El alcalde Johnny Araya denunció el 7 de abril ante una comisión legislativa investigadora del caso que el día de los allanamientos fue tratado como un capo bajo un show mediático
“Fui víctima de show mediático un verdadero circo”, fustigó Araya con 30 años de trayectoria en funciones en la alcaldía de San José, quien rehusó, en esa ocasión, responder a preguntas de los legisladores or estar el caso en sede judicial.
“El OIJ y el Ministerio Público desplegaron un operativo desproporcionado, más de 50 oficiales, algunos fuertemente armados como si se tratara del allanamiento de un búnker o un capo de la mafia criminal ¿qué motivaciones tuvieron los que tomaron la decisión?”, cuestionó.
“Me sacaron esposado, una decisión incomprensible y sin congruencia con lo que ocurrió posteriormente, pues la Fiscalía ya había decidido no pedir prisión preventiva”, aseveró.
“No descarto, por la forma en que se llevaron a cabo los operativos, que existieran intereses políticos ocultos”, aseveró.
