Edgar Fonseca, editor/Foto Facebook Johnny Araya
El alcalde de San José, Johnny Araya, involucrado por OIJ y Fiscalía en el denominado caso Diamante, de supuestas anomalías en contrataciones de obra municipal, retornó este martes a sus funciones y ratificó su inocencia de los cargos en su contra.
“Enfrentaré el proceso al que estoy sometido con plena confianza en la inocencia de mis actos como funcionario público”, dijo Araya en un post Facebook apenas se reintegró a sus labores tras una suspensión de 6 meses dictada en contra suya y de otros 5 alcaldes vinculados por las autoridades judiciales a las supuestas acciones ilícitas.
Tanto la suspensión de su cargo, como otras medidas cautelares, fijadas al inicio del proceso, quedaron sin efecto la noche del lunes por disposición el juez penal Felix Castellón Ruiz.
“Le doy gracias a Dios y a la justicia por el fallo del día de ayer”, dijo Araya en su mensaje junto a una foto al lado de varias colaboradoras y colaboradores a la entrada del edificio municipal en avenida 10.
Araya fue detenido y esposado por agentes judiciales y de la fiscalía el 15 de noviembre anterior en su residencia en Rohrmoser anterior al estallar el escándalo Diamante con 40 allanamientos y 13 detenciones.
Estuvo preso temporalmente en celdas judiciales pero quedó libre bajo medidas cautelares de no acercarse a testigos ni al edificio municipal.
Con 30 años de trayectoria en la municipalidad y la alcaldía josefina, su detención como la de otros cinco alcaldes fue uno de los casos más polémicos de alegada corrupción pública en plena campaña electoral.
Junto a Araya fueron involucrados y detenidos los alcaldes: Arnoldo Barahona, Escazú; Humberto Soto, Alajuela; Mario Redondo, Cartago; Alberto Cole, Osa y Alfredo Córdoba, San Carlos.
Con la frente en alto
“Me reincorporo a mi cargo de alcalde con la frente en alto, a seguir trabajando por nuestra querida ciudad de San José”, destacó Araya en el post de este martes.
“Enfrentaré el proceso al que estoy sometido con plena confianza en la inocencia de mis actos como funcionario público”, ratificó.
“Agradezco el apoyo solidario y cariñoso de muchos josefinos y costarricenses que han valorado mi trayectoria, a todos y todas los que han orado por mí para que se haga justicia”, añadió.
“Vuelvo a trabajar con renovado entusiasmo y pasión por seguir haciendo progresar nuestra ciudad capital”, agregó.
Fiscalía apeló
La decisión de cesar las medidas cautelares la adoptó el lunes el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.
La única medida que les queda es impedimento de salida del país, sujeta a valoración del juzgado a cargo del caso.
La Fiscalía apeló de inmediato lo dispuesto por el juez penal Felix Castellón Ruiz.
A los alcaldes les fue levantada la restricción de ejercer sus cargos, de lo que fueron suspendidos desde el 15 de noviembre anterior tras 40 allanamientos y 13 capturas ejecutadas en un megaoperativo de OIJ y Fiscalía en distintas localidades.
Dichos funcionarios tampoco podían acercarse a los municipios de su jurisdicción ni contactar a testigos del caso.
El Tribunal Penal de Hacienda rechazó, el 2 de marzo, una apelación planteada por dichos acusados contra las medidas.
Aparte de levantarle las medidas a los alcaldes, el juez dispuso cesar las medidas vigentes contra cinco funcionarios de distintas municipalidades: Castro Camacho (San José), Chacón Ugalde (Alajuela), Boraschi González (Escazú), Mayorga Mayorga y Suárez Vásquez (Golfito).
En el caso de un imputado de apellido Cruz, gerente de empresa, el juez le mantuvo la entrega del pasaporte e impedimento de salida.
Sobre otro imputado de apellido Gutiérrez gerente dela Unidad de Asfaltos de la constructora MECO, quedó con monitoreo electrónico , impedimento de salida del país y firma en sede judicial.
El 15 de noviembre de 2021 el Organismo de Investigación Judicial destapó dicho escándalo y denunció supuestos actos ilícitos en contratación de obra pública municipal.
Según OIJ y Fiscalía, en el caso habría mediado presuntas dádivas de dinero, vehículos, y otros a cambio de presunta facilitación de trámites de 15 proyectos de obra vial y pública.
Los acusados rechazaron los cargos desde un primer momento.
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Tratado como un capo, denunció Araya
El alcalde Johnny Araya denunció el 7 de abril ante una comisión legislativa investigadora del caso que el día de los allanamientos fue tratado como un capo bajo un show mediático
“Fui víctima de show mediático un verdadero circo”, fustigó Araya con 30 años de trayectoria en funciones en la alcaldía de San José, quien rehusó, en esa ocasión, responder a preguntas de los legisladores or estar el caso en sede judicial.
“El OIJ y el Ministerio Público desplegaron un operativo desproporcionado, más de 50 oficiales, algunos fuertemente armados como si se tratara del allanamiento de un búnker o un capo de la mafia criminal ¿qué motivaciones tuvieron los que tomaron la decisión?”, cuestionó.
“Me sacaron esposado, una decisión incomprensible y sin congruencia con lo que ocurrió posteriormente, pues la Fiscalía ya había decidido no pedir prisión preventiva”, aseveró.
“No descarto, por la forma en que se llevaron a cabo los operativos, que existieran intereses políticos ocultos”, aseveró.
