Edgar Fonseca, editor
El alcalde de San José, Johnny Araya, cumple desde ayer otro mes de suspensión laboral por una sanción administrativa que le aplicó la Contraloría General de la República tras un cuestionado pago de ¢253 millones a una firma española de parquímetros.
La suspensión la dispuso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Araya había regresado a sus funciones el 24 de mayo luego de una suspensión de seis meses por orden judicial en el denominado escándalo Diamante que vincula a él y a otros 5 alcaldes en presuntas anomalías con contrataciones de obra pública municipal.
La sanción de la Contraloría, 30 días sin goce de salario, está relacionada con el pago hecho por la municipalidad de San José a la empresa Setex Aparki, operadora de los parquímetros josefinos.
La nueva suspensión no se había hecho efectiva por la suspensión judicial que regía en el caso Diamante.
No descartó elevar a via Contenciosa
El 11 de agosto anterior, cuatro meses antes que estallara el caso Diamante, Araya no descartó elevar a instancias judiciales contenciosas la sanción de la Contraloría .
“Tengo la plena certeza de que, en la instancia que sea necesario, quedará plenamente demostrado que los funcionarios municipales, regidores y yo actuamos, sin irregularidad alguna y correctamente, con pleno apego a la Ley”, sostuvo Araya en aquella oportunidad.
Enfatizó que ante la resolución del ente contralor, no sólo cabe recurso de revocatoria con apelación, por la vía estrictamente administrativa, sino que además, en el caso, de ser necesario, lo elevarían a las instancias judiciales, en un proceso Contencioso Administrativo.
Araya apeló ante la Contraloría que rechazó su recurso.
Sobre la base del convencimiento de que la actuación de la municipalidad estuvo apegada a derecho y fundamentada en criterios técnicos, jurídicos y financieros, advirtió que agotaría las vías administrativas y jurídicas que sean necesarias, para demostrar que se actuó de forma correcta y en beneficio de la hacienda pública municipal.
No se ha verificado si el alcalde acudirá a la vía Contenciosa.
Defiende indemnización
La sanción de la Contraloría incluyó al vicealcalde, al director del departamento jurídico, al director administrativo financiero y a siete regidores.
Araya alegó en agosto que, la decisión de indemnizar a la mencionada empresa, se fundamentó no sólo en estudios técnicos, jurídicos y financieros, sino, sobre todo, en la opinión positiva de la Auditoría Municipal.
Argumentó que evitó una ruptura del contrato que hubiese dado pie a una demanda contra el municipio por miles de millones de colones, con el consecuente perjuicio para la hacienda pública y los intereses de la ciudadanía capitalina.
Calificó de paradójica, la resolución de la Contraloría cuando el gobierno local se reunió con esa instancia para, precisamente, tener plena certeza de que la actuación del ayuntamiento estaba apegada a las mejores prácticas de la gestión pública.
Según Araya, el funcionamiento del sistema de estacionómetros en la capital ha generado ingresos al ayuntamiento por más de ¢5.000 millones.
Esta suma, aseguró, no se habría recolectado en la eventualidad de que el contrato se hubiese incumplido.
La sanción de la Contraloría también abarcó a:
– los regidores: Wilber del Carmen Hernández Mora, Fernando Jiménez Debernardi, Jorge Luis Vargas Espinoza, Donald Alberto Leiva Hernández, Flor María Zamora Álvarez, Reina Isabel Acevedo Acevedo y Luis de los Ángeles Murillo Cruz: 25 días naturales de suspensión sin goce de dieta.
-vicealcalde de San José, Mario Enrique Vargas Serrano: 30 días naturales de suspensión sin goce de salario
– Osman Mariano Rodríguez, Director de la Dirección de la Asuntos Jurídicos: suspensión de 30 días naturales sin goce de salario.
– Edgar Luis Sandoval, Gerente del Departamento Administrativo Financiero: 30 días naturales de suspensión sin goce de salario.
