Edgar Fonseca, editor
El presidente Chaves se presentó de súbito la tarde del jueves a la Fiscalía a averiguar si hay causas en su contra.
Lo hizo tras consultas de un medio de comunicación.
Como cualquier otro ciudadano, el mandatario está en su derecho de cerciorarse si el órgano acusador tiene alguna causa abierta en su contra.
Pero como Presidente de la República, su gesto, sin precedentes recientes, no deja de generar todo tipo de suspicacias en la opinión pública.
Porque no se trata de cualquier ciudadano quien llegó sino aquel con el máximo mandato de poder, según la voluntad del electorado.
¿Cuál es el mensaje que quiso enviar Chaves al país, a las instancias judiciales, con su intempestiva llegada al Ministerio Público?
Más allá de lo que trascendió, las versiones de esa visita son fragmentarias.
¿Decidió asistir tras consultar al Departamento Jurídico de Casa Presidencial?
¿Cuál fue la recomendación que le hicieron en dicha instancia?
¿La atendió o actuó motu proprio?
El presidente se hizo acompañar de un asesor legal presidencial.
Llegó al despacho judicial las 2:08 p.m. y se retiró a las 2:45 p.m.
Lo atendió el fiscal general interino, Wagner Molina, quien confirmó, que le mostró al gobernante, porque le asiste ese derecho, los expedientes iniciales de cinco causas en su contra, la última de ellas relacionada con el azaroso financiamiento de su candidatura.
Al salir y advertido por su asesor legal, el mandatario eludió dar pormenores de las causas.
Pero aprovechó para intentar deslegitimarlas, desvirtuarlas, restarles mérito y peso.
Las calificó de “frívolas, absurdas, sin fundamento”.
“No puedo contestarles porque estos son casos penales y hasta que no se abra un juicio no puedo comentar al respecto, pero me hubiera encantado poder evidenciar a las personas que causan la morosidad judicial y atiborran el sistema judicial, con nombres y apellidos y quienes son sus patrocinadores políticos”, reaccionó ante los medios tras su encuentro con el fiscal Molina.
Como eventual parte, el presidente está en su derecho de calificar las acciones en su contra.
Pero la valoración jurídica final le corresponde a las instancias judiciales.
He ahí lo significativo y trascendente de la repentina llegada presidencial a la Fiscalía.
La instancia acusadora apenas inicia la recolección de indicios en el marco de la debida privacidad judicial y la llegada del presidente la llena de una bulla inconveniente.
Algunos diputados vieron una presión solapada.
La legisladora Gloria Navas, experta penal, ratificó: esa visita cuando menos fue “extraña”, tratándose de quien se trata.
