Edgar Fonseca, editor
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes el ataque del presidente Rodrigo Chaves al Grupo Nación y a la libertad de expresión en el país tras el abrupto cierre del centro de eventos Parque Viva por alegadas razones sanitarias.
SIP expresó preocupación por el discurso público del presidente Chaves, y las acciones administrativas en contra del diario La Nación y una de sus empresas, destacó un pronunciamiento oficial de dicho ente hemisférico de protección al ejercicio de la libertad de prensa.
Aludió al intempestivo cierre del Parque Viva, ordenado por el Ministerio de Salud, en medio de una disputa de Chaves con dicho grupo de medios.
La organización aseveró que se mantendrá vigilante sobre el caso e instó al Presidente suspender lo que aparenta ser un acto de amedrentamiento indirecto y una campaña de descrédito en contra del medio, citó el pronunciamiento.
La SIP citó la decisión del Ministerio de Salud suspendió el 8 de julio el permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva, un centro de eventos propiedad de Grupo La Nación, después de recibir denuncias anónimas y tras una evaluación en la que determinó dificultades de acceso para vehículos de los bomberos y la Cruz Roja.
La medida, destacaron, ocurrió dos días después que el presidente Chaves, quien asumió el cargo en mayo, presentara durante una conferencia de prensa datos sobre la compra de bonos emitidos por La Nación S. A. en el mercado bursátil entre 2013 y 2014, y pusiera en duda la situación económica de la empresa, según denunció el diario.
Represalia indirecta
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, hizo notar que “las acciones administrativas en contra de una de las empresas que da estabilidad económica al diario se tomaron dos días después de que el Presidente criticara al medio”.
Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, añadió: “Nos preocupa que podamos estar frente a una retaliación indirecta. Nuestra experiencia nos indica que muchas veces la libertad de prensa es atacada en forma indirecta para ‘disciplinar’ a un medio, ya sea a través de auditorías fiscales o discriminándoles con la publicidad oficial, entre otras formas de censura indirecta”.
Según SIP, durante la campaña electoral, Chaves prometió destruir a La Nación y Canal 7, entre otros medios, porque publicaron información sobre denuncias por acoso sexual en su contra cuando trabajó en el Banco Mundial hace más de 15 años, y sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de su actividad política. Chaves los llamó “canallas” y “medios de difamación”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó que “las continuas referencias del Presidente al diario demuestran una intención de desacreditarlo ante la opinión pública”.
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo que “lamentablemente, esta es una práctica cada vez más común entre los gobernantes de la región, sin importar su inclinación ideológica”.
Canahuati y Jornet instaron a Chaves a deponer “la actitud de confrontación” contra La Nación y a “respetar el papel fundamental de la prensa en una democracia”. Recordaron, además, que Costa Rica es uno de los países que más ha respetado el principio de la Declaración de Chapultepec que establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”, añadió SIP.
En los últimos dos años, Costa Rica se ha ubicado entre los países que más respetan la libertad de prensa en el continente, según el Índice Chapultepec.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
