Edgar Fonseca, editor
Por este camino mañana este gobierno cancela el supershow previsto con Diego El Cigala por el caos vial que generan los eventos masivos del Centro Nacional de Convenciones en la General Cañas.
O cierra Pedregal por el colapso que producen sus eventos en Belén.
O suspende los partidos eliminatorios de la Sele por el caos que desatan en las barriadas alrededor del estadio Nacional.
Ni habrá más permisos para los tumultuosos X Knights.
Y, seguro, nos quedaremos sin karaokes por el ruido, la bulla, el desorden que generan hasta en nuestras más remotas localidades.
La abrupta decisión de cierre del centro de espectáculos y entretenimiento Parque Viva en La Guácima, ordenada de forma sumarísima por el ministerio de Salud, genera múltiples interrogantes, en particular, respecto al respeto de ese sensible derecho constitucional que hace del país diferente: la seguridad jurídica.
Tramitada a partir de una “denuncia anónima”, con unas pasmosa celeridad, inusual en el sector público, y avalada por el Ministerio de Transportes, pero sin consenso, la orden canceló todo tipo de actividades en el sitio y dejó en suspenso eventos de realización inmediata con sus correspondientes compromisos contractuales para todas las partes.
La decisión fue ejecutada en el fragor de unas declaraciones del presidente Chaves de ataque a la solidez financiera del Grupo Nación, propietario de dicho centro, y de un alegado riesgo de inversiones de la CCSS en bonos emitidos por dicha firma de medios.
Manifestaciones insertadas deliberadamente en la conferencia de prensa posterior al Consejo del Gobierno anterior.
Manifestaciones inéditas en esa instancia sobre las operaciones financieras de grupos particulares que mandan un mensaje escalofriante a la confianza y confidencialidad para cualquier sector o inversionista en el país.
Igual pasó con las desacertadas declaraciones del presidente cuando, recién asumido, exacerbó ante un auditorio atónito en Suiza la precariedad fiscal del país. Según expertos, no desmentidos, su dicho provocó, en horas, una estampida de capitales por unos $200 millones.
En cuestión de horas y bajo el indefendible argumento de las presas viales que se generan en La Guácima cada vez que hay eventos en dicho centro, Salud dictó y consumó un cierre a todas luces arbitrario.
El argumento de las presas es insostenible en un país donde el colapso vial es permanente a cualquier hora, en cualquier sitio y por cualquier evento.
Entonces, ¿cuáles son las reales razones detrás de esta intempestiva medida que llena de incertidumbre a la pujante industria de los eventos y espectáculos, con un nada despreciable aporte a la actividad económica, que pone en riesgo miles de empleos, y que, en particular, pone en jaque la seguridad jurídica?
Me rehuso a pensar que corresponda a una represalia, a una vendetta, por las acres diferencias en campaña entre el entonces candidato, hoy presidente, y el grupo editorial objeto de sus diatribas.
Reconozco las sanas intenciones que mueven al nuevo mandatario en su afán por desatascar a un enmarañado sector institucional.
Reconozco su afán por apurar la reactivación económica pospandemia.
Reconozco el ímpetu gerencial ejecutivo tan de menos en la función pública.
Rechazo sus actitudes intolerantes.
Gobernar exige sensatez, templanza y, ante todo, respeto al estado de Derecho y a sus instituciones.
Por eso sorprende la polémica decisión adoptada en el presente caso que debería ser objeto de reconsideración inmediata.
- Versión actualizada 12 de julio 2022
