Edgar Fonseca, editor
El presidente Rodrigo Chaves no descartó hoy la destitución de los directivos de la CCSS sino echan atrás con un reciente acuerdo que autoriza un aumento salarial entre ¢7.500 y ¢8.500 a sus 63 mil empleados que costaría el Estado unos ¢10.000 millones anuales.
La advertencia la lanzó tras el acto conmemorativo de 201 años de Independencia en la capital en medio de amenazas de grupos sindicales de la entidad de ir a un paro nacional.
La sanción es la destitución
“Existe un tema de legalidad”, afirmó.
“La Junta Directiva debió haber considerado, antes de aprobar el aumento, la Ley 9635 Plan Fiscal que dice, clarísimamente, que el sector público, dada la situación de deuda que heredamos, no debe dar aumentos de sueldos”, sostuvo.
“La Junta Directiva debe revisar si cometieron un error, yo se los aconsejo que lo hagan, no porque yo sea juez, sino porque las sanciones son una destitución, que en este caso se aplicaría a toda la Junta Directiva si violaron la Ley de Responsabilidad Fiscal y los pronunciamientos de la Sala IV”, advirtió.
“Y pronunciamientos de la Sala Constitucional donde, transparentemente, dicen que la Caja está exenta de la ley de Responsabilidad Fiscal en lo que se refiere a los gastos de las pensiones y del sistema de salud, nada más”, insistió.
“Esos son los hechos, así de fáciles. Creo en la legalidad”, dijo.
El incremento fue aprobado el 8 de setiembre.
Tiene carácter retroactivo a 2020 cuando quedó congelado por la emergencia fiscal con motivo de la pandemia covid-19.
Por estos tres primeros años el Estado debería erogar unos ¢29.000 millones.
El aumento fue aprobado pese a las advertencias de la Dirección Actuarial de la CCSS del eventual impacto en las finanzas institucionales.
