Edgar Fonseca, editor
Jerarcas de OIJ y Fiscalía advirtieron de eventuales severos golpes a sus operaciones institucionales debido a fuertes recortes presupuestarios dispuestos por Hacienda para 2023.
Así lo expusieron ayer en la Asamblea Legislativa durante una intervención de representantes del Poder judicial ante los anuncios de restricciones presupuestarias para el nuevo año.
Se viene “cierre técnico”
El Lic. Walter Espinoza Espinoza, director OIJ, cuestionó el recorte de ¢3.000 millones planteado para dicha entidad.
Advirtió que la disminución puede entenderse como una afectación directa a la policía judicial.
Frente a la situación criminal que registra el país, le hacen al Organismo de Investigación Judicial, que es la única policía técnica-jurídica del país y la que impulsa todos los asuntos penales, una rebaja por dicho monto.
“Prácticamente están dejando en un cierre técnico al OIJ en abril del siguiente año”, alertó.
Nos eliminan el 100% de gastos discrecionales e implica que la policía judicial no podrá realizar actividades en criminalidad organizada ni criminalidad común.
Amplio que les quitan el 63% para mantenimiento de equipos de comunicación y equipos de laboratorios y sistemas informáticos para pericias de balística, identificación de personas, huellas, entre otras.
Aseveró que perderían el 93% de recursos para equipo de allanamientos de grupos tácticos y delegaciones.
“Nos quitaron el 100% de los recursos para renovación de chalecos antibalas y hasta marzo podríamos operar”, remarcó.
Precisó que llegarían hasta agosto con posibilidad de comprar la alimentación de las personas detenidas en cárceles del OIJ.
“El impacto también representará afectación al Ministerio Público y los Tribunales, a todo el sistema de justicia nacional”, enfatizó.
Fiscalía vulnerable
El Fiscal General a.i. Wagner Molina Ruiz, aseveró que órgano se ve afectado en la parte formal y sustancial, pues el presupuesto se hizo bajo la estricta política de cero crecimiento.
Los recursos consignados, dijo, están para atender ineludibles compromisos básicos, referidos a contratos de alquiler, seguridad, vigilancia, servicios públicos, gastos operativos como peritajes, entre otros.
“Si incorporamos recursos para la Fiscalía Adjunta contra la Criminalidad Organizada que iniciaba labores el próximo mes de noviembre y un recorte para el 2023, se vería seriamente afectada la continuidad de esta fiscalía”, puntualizó.
Señaló algunos impactos negativos en subpartidas como la de pago extraordinario y no se contaría con recursos necesarios para atender diligencias que se presenten en horas que exceden la jornada ordinaria de trabajo como allanamientos, audiencias prolongadas de medidas cautelares.
Según dicho jerarca, la rebaja en subpartidas de alquileres, locales y terrenos compromete gravemente la disponibilidad de recursos para atender compromisos de contratos vigentes y en ejecución y acarrearían responsabilidades contractuales para la institución.
Si hay que desalojar locales por falta de pago, el Ministerio Público no cuenta con infraestructura para reubicar despachos.
“No tendríamos donde atender a las personas usuarias, dijo.
El Fiscal Molina Ruiz expuso que la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo no permitirá atender el pago de peritajes matemáticos, culturales, interconsultas, traducciones orales y documentales que son necesarios para el buen desarrollo de los procesos de investigación.
Las advertencias las hicieron durante una comparecencia junto a otros jerarcas del Poder Judicial en la Asamblea Leguslativa.
A dicha comparecencia asistieron el Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y Patricia Solano Castro respectivamente; el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza; el Fiscal General a.i, Wagner Molina Ruiz; el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez y el Director de Tecnología de la Información a.i, Martín Hernández Serrano.
Con información de prensa Poder Judicial
