Edgar Fonseca, editor/Foto OIJ
Un total de 11 detenidos, tras 13 allanamientos, dejó este martes un amplio operativo del OIJ y la Fiscalía contra sospechosos de una red que se dedicaba supuestamente a retirar, con suplantación de identidades, fondos remanentes de depósitos judiciales en el BCR, se informó oficialmente.
El fraude asciende a al menos ¢337 millones en una investigación que inició en 2021, según el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
Los allanamientos fueron ejecutados en Heredia, Alajuela y San José, en las localidades de Desamparados, Coronado, Guadalupe, Alajuelita, Puriscal y Escazú.
La acción estuvo a cargo de agentes destacados en la Sección de Fraudes.
Un catequista de apellido Vindas, presunto cabecilla del grupo, y un reconocido exboxeador de apellido Davies, figuraron entre los detenidos.
Según la Fiscalía Adjunta de Fraudes el monto estimado del golpe asciende a ¢200 millones y $255.000 (¢137,9 millones) al tipo de cambio de este martes 16 de mayo fijado en ¢540,93.
Supuesto líder daba ejemplo social
Randall Zúñiga, director a.i. del OIJ, identificó al presunto líder del grupo sospechoso como un individuo de apellido Vindas de 51 años, detenido en Heredia.
Al parecer era catequista en la zona.
“Tiene un modo de vida un poco organizado, se dedica a obras sociales, a dar ejemplo ante la sociedad. Lo que hacía era proyectar esa imagen, pero también dentro de sus actividades estaba el comercio ilegal”, precisó el jerarca OIJ.
“Es presuntamente el cabecilla”, ratificó.
“A nivel social proyectaba una imagen bastante beneficiosa para su persona”, añadió.
“Hacía varias actividades de bien social dentro de su vida privada”, agregó.
Las autoridades presumen que los sospechosos son parte de un grupo organizado que cometía el delito de Falsedad Ideológica y otros delitos relacionados.
Según Zúñiga, sustraían los dineros mediante un poder especial que ellos emitían y a través de este poder, terceros llegaban y sustraían el dinero haciéndose pasar por la persona original.
Afirmó que ubicaban cuentas judiciales donde se depositara algún tipo de dinero y con base en eso, mediante alguna persona a lo interno, consultaban esas cuentas y se percataban que había dineros remanentes y hacían un poder ficticio para extraer los fondos.
La Fiscalía informó que el caso se tramita bajo el expediente 22-000501-1220-PE.
El Ministerio Público investiga a 16 personas, entre ellas, personal judicial y bancario, así como notarios públicos, confirmaron.
Según la Fiscalía, el grupo se habría dedicado a utilizar poderes e identificaciones falsas, para, al parecer, presentarlas ante el Banco de Costa Rica. De esa manera, se cree que sustraían dineros de cuentas bancarias asociadas a expedientes judiciales que tramita el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.
En apariencia, por medio de las aparentes estafas informáticas, algunos miembros de la organización habrían defraudado aproximadamente $255.000, según la Fiscalía.
Falsa identidad para retiros
La investigación inició en el año 2021 cuando se suscitaron varios hechos en los que personas llegaban a una entidad bancaria del Estado y haciéndose pasar por otra persona intentaban retirar dineros de remanentes judiciales, de procesos de esta índole.
Según el OIJ, al parecer estos hechos eran coordinados por una presunta organización criminal, que entre sus principales formas de operar se dedican a retirar dineros de la entidad bancaria, producto de expedientes judiciales, mediante diferentes herramientas notariales como Poderes Especiales y/o Generalísimos y la suplantación de identidad de los actores de estos expedientes, causando un amplio perjuicio económico al Poder Judicial y al Banco de Costa Rica.
Para realizar el presunto delito, los líderes de este grupo organizado al parecer contaban con funcionarios públicos que suministraron información sensible de los expedientes que se pueden vulnerar, así como la aparente participación de Notarios Públicos y terceras personas que se presentaron a realizar los retiros de dinero, añade la versión oficial.
Según los datos que se tienen en la investigación los hechos se han venido realizando desde junio de 2021 y hasta el mes de abril de 2023.
Ratificaron que se presume que el monto defraudado asciende a ¢245 millones.
Los detenidos serán remitidos con un informe al Ministerio Público.
