Edgar Fonseca, editor
Al menos 29 particulares figuran como sospechosos de adelantar el retiro del ROP mediante trámites con documentos falsos en bancos y la CCSS, reveló la Fiscalía este lunes.
Ordenaron la detención de 8 personas de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo por supuesta relación con el caso.
Un extrabajador de una empresa privada habría indicado a algunas personas que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones, añadió el informe oficial.
También recibieron informaciones acerca de posibles retiros del ROP, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS.
Se detectó que, entre octubre del 2019 y el 8 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, vinculados al parecer al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que contaban con pensión por invalidez, confirmó el Ministerio Público.
En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado.
En las pesquisas intervino el Banco Popular y el OIJ.
Las investigaciones implicaron 18 allanamientos y al menos 8 detenciones en casas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas la mañana de este lunes.
Los operativos abarcaron oficinas del Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular (BP) y de la Caja Costarricense del Seguro Social, sostuvo la Fiscalía.
El BCR negó que sus oficinas centrales o la operadora de pensiones hayan sido allanadas o paralizado servicios.
La Fiscalía confirmó por la tarde que no intervinieron en dicho banco.
Explicaron que, dentro de las acciones operativas desplegadas esta mañana, se contaba con autorización jurisdiccional para allanar tanto la casa como la oficina de uno de los imputados, quien actualmente trabaja en el BCR.
Sin embargo, por temas logísticos que surgieron hoy, se dejó sin efecto la intervención en el despacho de la entidad bancaria, según reporte oficial enviado a los medios a las 5:21 p.m.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ratificó que la investigación es por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.
El Ministerio Público busca, además, prueba física y electrónica, para incluirla al expediente de la investigación.
El caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 20-024657-0042-PE, se informó.
