Edgar Fonseca, editor
“La utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa”, destacó un voto mayoritario de los magistrados de la Sala Constitucional al acoger un recurso de amparo tras fuertes manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves durante su primera conferencia del año en Casa Presidencial.
El máximo tribunal constitucional condenó al Estado por dicho caso.
Chaves reclamó airadamente contra medios y periodistas que divulgaron versiones de una supuesta red de troles que presuntamente operó con el apoyo oficial para defender decisiones gubernamentales.
El mandatario dio la conferencia de prensa el 9 de enero para defender a la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón.
“Son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a la ministra sin razón”, afirmó el gobernante.
“Gracias a Dios” son pocos los periodistas que caben en ese término y “pocos los contratantes”, añadió.
“Le tengo malas noticias a esos tres medios. Ustedes pensaban, porque lo hicieron por muchos años La Nación, Canal 7 y CRHoy, que quitaban y ponían presidentes. Eso se acabó en 2022 y ahora trataron de quitar y poner ministros y ni a eso llegan”, sostuvo Chaves en aquella oportunidad.
Condena al Estado
El periodista Jason Ureña del sitio CR Hoy interpuso un recurso de amparo tras las manifestaciones de Chaves.
“La normalización de la violencia verbal contra un periodista es algo muy grave en democracia, máxime proviniendo del primer mandatario y de una de sus ministras, quienes están sujetos a la obligación del respeto y de garantía de los derechos fundamentales”, destacó el periodista en el recurso.
Los magistrados acogieron parcialmente la acción y condenaron al Estado.
“Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia del contencioso administrativo”, cita la resolución de la Sala IV.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación dijo que no han sido enterados del fallo oficialmente.
“El Gobierno de la República no ha sido notificado de manera formal, por lo que no podemos emitir un criterio de fondo”, dijo el vocero oficial.
Los magistrados ratificaron que “ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios, no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos”.
No obstante, aceptaron el derecho de funcionarios a criticar infracciones injustas, desmedidas o falaces “de formular críticas, aun vehementes, contra los medios y periodistas cuando, según sus puntos de vista, lo hacen de manera injusta, falaz o desmedida a la hora de difundir una noticia o un comentario”.
