EE.UU. destaca que prensa independiente, Poder Judicial y sistema político fortalecen libertad de expresión en el país

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Edgar Fonseca, editor

Prensa independiente, Poder Judicial y sistema político fortalecen libertad de expresión en el país, destaca el más reciente informe del Departamento de Estado, EE.UU., sobre la situación de los derechos humanos en el país

Dicha posición oficial norteamericana trasciende tras un año de tensión y fricciones del presidente Rodrigo Chaves con medios de comunicación y periodistas.

La organización global Reporteros Sin Fronteras hizo bajar abruptamente al país 15 puntos en libertad de prensa y expresión producto de las acciones atribuidas a la administración Chaves.

Sistema democrático en funcionamiento

Adjunto versión parcial del informe

Sección 2. Respeto por las libertades individuales, tales como

a. Libertad de expresión, incluida la libertad de prensa y otros medios

La Constitución establece la libertad de expresión, incluida la libertad para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, y el gobierno en general respetó este derecho. Una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento se combinaron para promover la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación.

Violencia y acoso:  El 8 de julio, el Ministerio de Salud ordenó el cierre de operaciones del Parque Viva, un centro de eventos propiedad del grupo Nación, una empresa líder de medios de comunicación.  El Ministerio de Salud argumentó que los eventos en el Parque Viva representaban un peligro para la seguridad debido a la única salida del lugar, que creaba un colapso vial por horas.  Los asistentes quedarían atrapados en caso de una emergencia, y el ministerio ordenó que se agregaran salidas adicionales para remediar el problema.  El Parque Viva generaba una gran parte de las ganancias del Grupo Nación, y su cierre ocasionó un impacto financiero importante a la empresa de comunicación.  Expresidentes, diputados de la oposición, y periodistas expresaron su preocupación por el cierre de las instalaciones por parte del gobierno, acusando a la administración Chaves de represalias contra el Grupo Nación por reportajes críticos durante las elecciones presidenciales.  La Sociedad Interamericana de Prensa denunció las acciones del gobierno.

El 21 de octubre, la Corte Suprema declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas del periódico La Nación contra el cierre.  La Sala consideró que la acción del gobierno constituyó una violación indirecta de la liberta de prensa.  El fallo anuló la orden del 8 de julio del Ministerio de Salud de cierre de las instalaciones.  El presidente Chaves se refirió al tema durante una conferencia de prensa el 26 de octubre, diciendo que el Gobierno obedecería la decisión de la Sala y que no se referiría al fondo del fallo hasta que el texto completo de éste fuera publicado.

Censura o restricción de contenidos para miembros de la prensa y otros medios, incluidos medios en línea:  Observadores expresaron preocupación sobre las interacciones del gobierno con la prensa.  El 4 de agosto, una periodista presentó un recurso de amparo contra la ministra de comunicación, acusando al ministerio de una serie de acciones contra la libertad de prensa que incluían la creación de lineamientos gubernamentales para negar entrevistas a dos medios radiales y suspender la publicidad estatal en algunos medios de comunicación.  En una sentencia emitida el 4 de octubre, la Corte Suprema advirtió a funcionarios de comunicaciones sobre las medidas de censura directa o indirecta en contra de medios de comunicación.  El 16 de mayo, el Ejecutivo organizó una reunión con jefes de prensa de instituciones públicas y aparentemente los instruyó de restringir la información que proporcionaban a la prensa.

Libertad de acceso a Internet

El gobierno no impuso restricciones o interrumpió el acceso a Internet o censuró contenidos en línea, y no hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreara las comunicaciones privadas sin la correspondiente autorización judicial.