Edgar Fonseca, editor
En medio del escándalo de un fallido megacaso de evasión fiscal que divulgó Hacienda desde enero, UCCAEP, el mayor conglomerado empresarial del país, reclamó hoy al gobierno respetar el debido proceso en materia tributaria.
En las últimas horas ha crecido controversia por la presunta existencia de un informe técnico de Tributación del llamado megacaso por un alegado fraude de ¢11.000 millones que reveló el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el 19 de enero.
La Fiscalía niega la existencia de dicho informe en el expediente del caso.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado hizo un llamado urgente a la Administración Tributaria a respetar el debido proceso en materia tributaria.
También demandaron garantizar el derecho de todos los contribuyentes de operar libremente dentro del marco legal sin presiones de ningún tipo, destacó un comunicado.
El gremio empresarial advierte que el cumplimiento del marco normativo del país y la garantía de su correcta aplicación es indispensable para propiciar un óptimo clima institucional de negocios e inversión, que permita a Costa Rica seguir siendo un faro de respeto de la democracia, en pro del desarrollo económico y social.
El empresario y exministro de Hacienda, Leonel Baruch, presidente del Banco BCT y del sitio CR Hoy, quien se considera afectado por la revelación de Hacienda, demandó que se le entregue el supuesto informe técnico tributario en el caso. Pero, sostiene, a la fecha no se lo han entregado.
Baruch: no hay informe
Así lo detalla en una amplia cronología de los hechos enviada a lo medios el 13 de junio. Adjunta versión parcial
“El 7 de febrero del 2023, Leonel Baruch presentó solicitud formal ante Ministro de Hacienda y el Director de Tributación para que se le entregue el informe técnico supuestamente elaborado por la Administración Tributaria, cuya existencia aseguró el ministro Nogui Acosta al Plenario Legislativo el 31 de enero del 2023.
Según el Ministro, el informe técnico existía y demostraba un fraude fiscal de 11,000 millones de colones que motivó enviar la denuncia al Ministerio Público contra Leonel Baruch y la sociedad Beta Matrix SA.
El Ministerio de Hacienda se negó a entregar el informe y Leonel Baruch presentó, el 23 de febrero del 2023, un recurso de amparo contra el Ministro de Hacienda y el Director General de Tributación, por negarse a entregar el informe técnico al que se refirió el Ministro en la comparecencia legislativa, relacionado con el supuesto Mega Caso de Evasión. Leonel Baruch tiene derecho a esos
documentos tanto por la legislación tributaria como por la Constitución Política, que protege los derechos fundamentales a la defensa, petición y acceso a la información.
El 28 de febrero del 2023, la Sala Constitucional previene al Ministro de Hacienda y al Director General de Tributación: A entregar dicho informe a la Sala IV “dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO”. (lo resaltado es del original)
El 6 de marzo del 2023, mediante oficio sin fecha y sin número, el Director General de Tributación en un claro acto de desobediencia, dice que no se lo entregará a la Sala IV porque ya consta en el expediente del Ministerio Público y que, además, está protegido por el secreto tributario. De forma similar contestó, al día siguiente, la Viceministra de Hacienda en representación del Ministro.
El 12 de mayo del 2023, la Sala IV le solicita, para “mejor resolver”, al Ministerio Público que le indique si dicho informe realmente se encuentra en el expediente del caso de Beta Matrix SA.
El 17 de mayo del 2023, mediante oficio FADETA No 717-2023, el Ministerio Público le responde a la Sala Constitucional lo siguiente: “Una vez expuesto lo anterior, se evidencia que lleva razón el recurrente al manifestar que: “en el expediente penal 22-000070-621-PE que se tramita en el Ministerio Público NO se aportó ningún informe técnico tributario por parte de las autoridades correspondientes a la hora de enviar el caso a esa sede”, pues como se informó líneas atrás, con el Oficio DF-670-2022 lo que se dio fue la “remisión de denuncia por prescripción de plazo administrativo, según corresponda”.
El 2 de junio, la Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo a favor de Leonel Baruch y da 5 días de plazo al Director de Tributación y al Ministro de Hacienda para entregarle el informe.
Si bien el Ministro de Hacienda, después de las manifestaciones en la Asamblea Legislativa en que aseguró la existencia del informe, no ha dado respuesta alguna ni a la Sala Constitucional ni al Ministerio Público ni a Leonel Baruch, el Ministro le dijo al diario La Nación que ya la Tributación había entregado el informe de referencia, afirmación que es absolutamente FALSA como se verá a
continuación.
Ante las consultas hechas por el Ministerio Público a la Dirección de Tributación, mediante oficio FADETA 335-2023 del 2 de marzo del 2023, relacionadas al supuesto “mega caso de evasión”, el Director de Fiscalización de la Dirección de Tributación responde en el oficio MH-DGT-DF-OF-0123- 2023 del 17 de abril del 2023, es decir, 6 semanas después, con varias falsedades, ya probadas como
falsas ante el Ministerio Público, y sin aportar prueba alguna.
Además, por primera vez indica la existencia de un informe elaborado por Gustavo Solano Morales, funcionario de la Subdirección de
Control de Procesos Fiscalizadores de la Dirección de Fiscalización, finalizado el 26 de octubre del 2022, es decir, dos semanas después del envío de la denuncia al Ministerio Público, y más de 3 meses antes de la conferencia de prensa donde el Ministro denunció el Mega Caso de evasión fiscal.
Al revisar el expediente en el Ministerio Público, Leonel Baruch, por medio de sus abogados, se percata de la mención de ese supuesto informe, por lo que el 3 de mayo del 2023 lo solicita a la Dirección General de Tributación, haciendo las advertencias del derecho que le asiste, tanto por la legislación tributaria como por la Constitución Política, que protege los derechos fundamentales a
la defensa, petición y acceso a la información. La Dirección de Fiscalización respondió el 11 de mayo del 2023 mediante oficio MH-DGT-DF-OF-0151-2023.
Con esa respuesta, el Director de Fiscalización aporta un “informe administrativo de cierre de gestión” elaborado por Gustavo Solano Morales, funcionario de la Subdirección de Control de Procesos Fiscalizadores de la Dirección de Fiscalización, revisado por Gregory Enríquez Vargas, Subdirector de la Subdirección de Procesos de Fiscalización y aprobado por Karla Salas Corrales, Jefa de Fiscalización, y finalizado el 26 de octubre del 2022, es decir, dos semanas después del envío de la denuncia al Ministerio Público, lo que supone que al presentarse esa denuncia, ya existía un borrador o se había avanzado de forma significativa en ese informe pero, además, más de 3 meses antes de la conferencia de prensa del supuesto mega caso de evasión.
Dicho informe fue entregado formalmente por Leonel Baruch al Ministerio Público la semana siguiente a su recepción.
En la carta de remisión, el Director de Fiscalización de Tributación aclara que ese NO es el informe al que se refirió el Ministro de Hacienda en la comparecencia legislativa y que le fue requerido por la Sala Constitucional.
Es claro, entonces, que ese “nuevo” informe fue mantenido en secreto por el Ministerio de Hacienda por más de 6 meses y el informe mencionado por el Ministro no ha sido entregado, ni al Ministerio Público, ni a la Sala IV, ni a Leonel Baruch, por lo que sigue “escondido” o no existe”. (Versión parcial cronología enviada por el empresario Leonel Baruch a los medios el 13 de junio 2023)
Debido proceso
UCCAEP terció este jueves en la controversia y sostiene que está de acuerdo en la lucha contra la evasión fiscal y contra la informalidad, para que todos cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias, permitiendo así reducir la competencia desleal y que las empresas puedan operar en el mercado en igualdad de condiciones.
Pero, resaltaron, las estrategias para combatir este problema deben realizarse garantizando la aplicación de un debido proceso con hechos comprobados en todas sus etapas.
José Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP, dijo que son respetuosos de la institucionalidad del país y de la función de control que debe ejercer la Administración Tributaria.
“No obstante solicitamos que dicho control se ejecute con acciones apegadas a la legislación, fundamentadas en hechos reales y comprobados, y en respeto de los derechos de los contribuyentes”, puntualizó.
El actuar del jerarca de la cartera, debe estar apegado a los principios de legalidad y debido proceso, en caso de no hacerlo deberá atenerse a las responsabilidades políticas y legales correspondientes. Debe ser la propia administración pública -especialmente los jerarcas institucionales- la primera en respetar la normativa vigente y generar seguridad jurídica.
