Edgar Fonseca, editor
La Sala IV ordenó al gobierno reinstalar dos directivos de la CCSS suspendidos en diciembre anterior por avalar un aumento salarial institucional decisión cuestionada severamente por el presidente Rodrigo Chaves.
La orden abarca a los directivos: Martha Rodríguez González, sindicalismo y José Luis Loría Chaves, cooperativismo.
“Por mayoría se declara con lugar el recurso”, cita la resolución de los magistrados tras un recurso de amparo interpuesto por organizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022”, agrega el por tanto del fallo.
La Sala IV desatacó la defensa del principio de autonomía constitucional de la CCSS.
“Para los magistrados, la ley constitutiva de esa institución expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas”, consignó el comunicado oficial.
Según el fallo fue revocado el nombramiento de los directivos: María Isabel Camareno Camareno y José Luis Castro Vásquez.
La resolución no abarca a los también directivos suspendidos: Carlos Salazar, por el Estado y Jorge Hernández, empresarial.
El aumento salarial con carácter retroactivo, ya vigente, causó la destitución, el 17 de setiembre, del entonces presidente ejecutivo CCSS, Alvaro Ramos, quien lo avaló.
El gobierno descartó emitir criterio jurídico sobre la resolución.
“Aunque no podemos emitir un criterio de fondo, valoraremos las implicaciones jurídicas”, dijo anoche la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
“Este es un tema nacional que involucra a la institución más importante de este país y reiteramos que esto no detendrá la lucha que este gobierno inició para rescatarla”, añadieron.
Chaves lo rechazó pero siempre rigió
El aumento salarial de ¢7.500 para los 63.000 empleados CCSS fue cuestionado severamente por el presidente Chaves.
Estaba congelado desde 2020 debido a la crisis fiscal tras la pandemia.
El costo para el Estado de dicho aumento se estimó en ¢10.000 millones anuales.
La junta directiva lo aprobó el 7 de setiembre.
El 15 de setiembre Chaves lo atacó.
“La Junta Directiva debió haber considerado, antes de aprobar el aumento, la ley 9635, que dice clarísimamente que el sector público no debe dar aumentos de sueldos”, criticó el mandatario en aquella fecha tras las celebraciones patrias.
“La junta directiva tiene que revisar”, ordenó.
“Si cometieron un error, les aconsejo que lo hagan, no porque yo sea juez, sino porque conozco la ley de responsabilidad fiscal y las sanciones son la destitución si violaron la ley 9635 y los pronunciamientos de la Sala IV”, amenazó.
“Esos son los hechos. Creo en la legalidad”, insistió.
El 17 de setiembre, Chaves destituyó a Ramos.
“El mandatario reafirma que todos lo funcionarios del gobierno deben mantener la disciplina estratégica necesaria para enfrentar la crisis que vive el país, incluyendo las disposiciones de la regla fiscal”, justificó en aquel momento la decisión.
En noviembre, la junta directiva reconoció que era imposible, legalmente, dar marcha atrás con el aumento.
Chaves volvió a arremeter y lo calificó de un “gran error” de los directivos.
