PuroPeriodismo/Foto Presidencia, Colombia, DW
Ante acusaciones contra el Gobierno de Gustavo Petro, los colombianos esperan que el Ejecutivo rinda cuentas y la Justicia investigue.
El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefa de Despacho en la Casa de Nariño, Laura Sarabia, deberán responder ante el Consejo Nacional Electoral el 13 de julio por “presuntas irregularidades en la financiación” de la campaña de Gustavo Petro, anunció el ente.
Lo que comenzara con la sospecha de que la niñera de Sarabia habría hurtado dinero a esta, siguió como escándalo de escuchas hechas por la Policía y avaladas por la Fiscalía General. Sarabia, quien fuera considerada “la mujer más poderosa” en el Gobierno de Petro, denuncia no haber cedido a “chantajes” por parte de Armando Benedetti, quien reacciona filtrando audios a una revista, en los que insinúa haber recibido “dineros ilegales” para la campaña de Petro en la costa atlántica, destaca el sitio alemán DW.
El Gobierno no ha ordenado “interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales (…) ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco”, replicó Gustavo Petro en Twitter.
Una vida política contra el paramilitarismo y el narcotráfico
La mera insinuación de que podrían haber entrado dineros del narcotráfico a la campaña de Petro es ya un golpe a un Gobierno presidido por una persona que ha basado su carrera política en la lucha contra el paramilitarismo y su connivencia con el narcotráfico.
Colombia enfrenta – hasta ahora – una crisis de Gobierno. “Y lo ideal sería que no se convierta en una crisis de Estado. Es decir, que se mantenga en ciertos límites y pueda ser rápidamente superada, por ejemplo, mediante la conformación de un nuevo gabinete más amplio, con fuerzas políticas reformistas afines al Gobierno”, dice a DW el sociólogo Eduardo Pizarro Leóngomez, quien fuera miembro de la junta directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI), en representación de América Latina.
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