Fiscalía acusa a expresidente Luis Guillermo Solís por presunto delito de influencia pública en caso Bancrédito

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Edgar Fonseca, editor

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó este jueves que acusó al expresidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), y a cuatro miembros de su Gobierno, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, dentro del denominado caso Bancrédito.  

Dicho banco cerró operaciones en medio de un colapso financiero el 26 de mayo de 2017.

La Fiscalía confirmó que la acusación contra Solís y demás imputados fue presentada el viernes pasado ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Los otros cuatro acusados son Fallas Venegas, exprimer Vicepresidente y exministro de Hacienda; Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Cubillo Acosta, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional; y Arroyo Rivera, en su condición de Subtesorero Nacional.  

Según la Fiscalía, presentaron cargos contra Arroyo por influencia contra la Hacienda Pública y también por seis presuntos delitos de falsedad ideológica, en concurso material*. 

La acusación presume que los imputados habrían convenido trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente, cita un comunicado oficial.  

Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada, consigna el reporte oficial.  

Para la Fiscalía, la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.  

Laa causa es 20-000115-1218-PE.

Se informó que, en el caso, la Contraloría General de la República también presentó una querella (acusación privada) y la Procuraduría General de la República presentó una acción civil resarcitoria (para reclamar por daños y perjuicios sufridos) contra los imputados. 

Rechaza cargos

“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan”, reaccionó el expresidente Solìs tras el anuncio de la Fiscalía.

“Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”, agregó.

“No deja de sorprenderme la decisión del Ministerio Público de acusar en este caso, pero la recibo con serenidad”, dijo.

“Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional”, defendió.

“Como ex presidente de la República y ciudadano respetuoso de la institucionalidad y de las garantías propias del Estado de Derecho, acudiré a tribunales a demostrar la legalidad de todas nuestras actuaciones y no dudo que la justicia prevalecerá por encima de cualquier otro interés”, enfatizó.

Abrupto cierre

El cierre de operaciones comerciales de Bancrédito fue dispuesto por la administración Solís Rivera el 25 de mayo 2017.

“El banco no cierra continúa operando, la gente que debe dinero tiene que seguir pagando sus cuotas y las personas que han depositado su dinero en el banco pueden tener total tranquilidad de que Bancrédito pagará a tiempo”, dijo en aquel momento el entonces ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, ahora acusado, al comunicar por Facebook la decisión del Consejo de Gobierno.

“Las decisiones se justifican en el hecho de que, de mantener el área comercial del banco, requeriría un enorme esfuerzo de parte del Gobierno en materia presupuestaria, a la vez de que se reconoce el potencial y capacidad del banco para seguir funcionando como una institución de fomento y desarrollo”, agregó Alfaro en dicha oportunidad.