Editorial Prensa Libre, Ciudad Guatemala
El intento de descarrilar, distorsionar o afectar el proceso electoral vigente mediante la solicitud del Ministerio Público (MP) otorgada por un juez sesgado, a pesar de ser inviable, para tratar de suspender la personería jurídica de uno de los dos partidos finalistas para segunda vuelta se ha topado de frente con el amplio rechazo de diversos sectores ciudadanos: una confluencia verdaderamente interesante y alentadora, ya que reúne a entidades empresariales, gremios productivos, colectivos sociales, científicos, academia, Conferencia Episcopal, universitarios, institutos de análisis e investigación, asociaciones de prensa, profesionales, constitucionalistas y ciudadanos en pleno ejercicio de sus garantías de libertad de expresión, de petición y de acción.
Los allanamientos del MP en el Registro de Ciudadanos, efectuados por agentes con gorros pasamontañas y fuertemente armados, como si se hubiese tratado de un presidio o un área roja, y no de la institución rectora de la democracia, fueron calificados más como una intimidación en contra de funcionarios de dicha entidad y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que como una diligencia legal. El juez Fredy Orellana amenazó con encausarlos si no cumplían en 24 horas la orden ilegal de suspender a un partido en pleno período electoral vigente.
Y no se escribe ilegal con ligereza: la Ley Electoral es clara y la orden de marras denota desconocimiento o irrespeto, o ambas. En todo caso, esta acción del fiscal especial Rafael Curruchiche compromete a la fiscal general, Consuelo Porras, quien debería rendir explicaciones por el actuar de su subalterno, que pone en riesgo el proceso democrático fundamental, el cual está protegido por norma constitucional, precisamente para evitar este tipo de ardides, que fueron usuales en tiempos de regímenes militares.
Editorial Prensa Libre, Ciudad Guatemala
