Edgar Fonseca, editor
La Asamblea Legislativa decidirá este martes, en medio de incógnita, si aprueba o rechaza un voto de censura contra el m¡ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por su relación con el fallido megacaso de evasión fiscal en el que el empresario y banquero, Leonel Baruch, se considera aludido por autoridades del gobierno.
Sería la segunda ocasión, desde 1995, en que definiría un voto de censura contra un ministro de gobierno.
En aquella oportunidad la Asamblea lo aprobó contra el entonces ministro de Seguridad, Juan Diego Castro.
Hasta anoche no existía certeza de un voto mayoritario para las mociones de censura contra Acosta quien rechaza actuaciones anómalas de su parte en un caso que asumió el presidente Rodrigo Chaves como evidencia de la lucha contra alegada evasión fiscal en el país.
Solo apoyan la decisión las fracciones PLN, FA y PLP.
En contra se manifestaron la oficialista PPSD y Nueva República.
El PUSC dejó por la libre a sus diputados para que voten una tercer moción de censura.
Votaron en contra dos mociones iniciales y dejaron por la libre a sus legisladores respecto a la tercera moción.
La ausencia de certeza sobre el eventual voto de censura a Acosta se vio matizada ayer por el pronunciamiento de líderes socialcristianos que apoyan la sanción.
El expresidente Miguel Angel Rodriguez, (1998-2002), censuró la actuación de Acosta pese a su afinidad partidista.
“Lo hago con la responsabilidad que tengo por haber sido durante mi gobierno que se establecieron sanciones penales para graves incumplimientos tributarios y por mi convicción firme en la democracia liberal”, dijo el exmandatario.
“Sería un pésimo precedente, que pondría en peligro la libertad de los ciudadanos el que no tenga consecuencias políticas usar los instrumentos tributarios para perseguir a una persona pública y estruendosamente, existiendo documentos de la propia institución que han determinado de previo que no hay delito ni falta tributaria y luego informar de manera falsa a la Asamblea Legislativa que existía un estudio técnico que justificaba la denuncia”, aseveró Rodríguez.
Usó el poder coactivo
“Ha quedado claro que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, usó el poder coactivo de Tributación para atacar a un ciudadano por posiciones críticas del Gobierno”, sostuvo Juan Carlos Hidalgo, presidente PUSC.
“También quedó en evidencia que luego quiso engañar a la Asamblea Legislativa sobre la supuesta existencia de un informe técnico que justificaba su accionar. La persecución política de cualquier persona, de cualquier condición, no tiene ni puede tener cabida en una democracia madura como la costarricense”, añadió.
“Es un precedente peligroso, que atenta contra normas vitales de la institucionalidad democrática y merece repudio por parte del Primer Poder de la República. Aquí no se valora a Nogui Acosta la persona, sino a Nogui Acosta el jerarca de un ministerio. Y como jerarca público cometió un grave error, que amerita una sanción”, advirtió.
El supuesto megacaso de evasión fiscal por ¢11.000 millones fue revelado por el ministro Acosta el 19 de enero en conferencia de prensa.
Tras esto el presidente Chaves encabezó el cuestionamiento público y fustigó a la Fiscalía por haber pedido desestimación de la causa ante ausencia de un informe técnico.
“Nosotros no vamos a confiar ya únicamente en la Fiscalía para estos casos. Respetando la institucionalidad, el ministro de Justicia, a mi pedido, y utilizando el artículo 16 del Código Procesal Penal, le está pidiendo a la Procuraduría que actúe como acusador en este caso particular y en los que siguen de megaevasiones, o donde se alegan megaevasiones, directamente ante los tribunales”, dijo Chaves en una conferencia de prensa el 25 de enero, una semana después de la revelación de Hacienda.
“El que informó que el caso involucraba a Leonel Baruch Goldberg y al banco BCT y a la firma aquí en Costa Rica fue el Ministerio Público. El ministro nunca dijo nada”, sostuvo Chaves en aquella ocasión.
El empresario Baruch, accionista del Banco BCT y el sitio CR Hoy, denunció ese 25 de enero a Acosta, al Director de Tributación, Mario Ramos, y a la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas.
El 26 de junio anunció ante diputados de la comisión que investiga financiamiento de partidos que demandaría al presidente Chaves una vez se acerque el final de su gestión.
“El presidente Chaves ha abusado de su investidura para afectarme”, afirmó Baruch.
“Las tortas del presidente que las pague él. Que sea él quien asuma el costo y la responsabilidad, no los costarricenses que no se lo merecen”, añadió.
Luego dijo a los medios: “en su circo, utilizando un lenguaje más propio de un capataz de finca que de un estadista”, intimida al fiscal general, Carlos Díaz, preguntando “qué está pasando con el caso de la superestafa de Leonel Baruch de ¢11.000 millones y eso me parece que es difamatorio, sobre todo existiendo, ya a la luz pública, un documento de Tributación, desde octubre del año pasado, que claramente decía que yo no había cometido ningún fraude fiscal”.
Aseguró que acusaría al mandatario por supuestas “injurias, calumnias y el montón de barbaridades que ha estado diciendo”.
El 28 de junio el ministro Acosta admitió en la Asamblea Legislativa que la denuncia del caso se basó en un mensaje TikTok.
