Edgar Fonseca, editor
Hace poco más de un año, el entonces recién inaugurado mandatario llegó intempestivamente a la Fiscalía a indagar, molesto, por los informes de supuestas acciones judiciales en su contra en razón del financiamiento de la campaña que lo llevó al poder.
Aquel arrebato de ira y de poder, sin precedentes, ocurrió en el vacío de mando en el ente acusador.
Debido a su investidura fue recibido y atendido por la jerarquía interina que le corroboró la existencia de las causas en su contra.
Apenas saliendo de aquel recinto, el gobernante lanzó ante los medios y el país una arenga de cuestionamiento, de deslegitimación de las acusaciones, algo que solo compete dirimir a la correspondiente jurisdicción institucional.
“Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento, desde mi punto de vista. Yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles franco porque las acusaciones son verdaderamente frívolas, absurdas”, dijo aquel 16 de junio 2022.
Cuatro días después, el lunes 20 de junio, en una comparecencia ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia arremetió contra la Fiscalía.
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“Esta insigne institución que ustedes representan no debe permitir que individuos y grupos malintencionados continúen utilizando a la Fiscalía General de la República o al sistema judicial en general como obsceno cañón para disparar balas de odio, para avanzar sus intereses canallas. La Corte no merece darle vitrina y espacio a esos individuos”, reclamó el gobernante.
Ante el silencio de una mayoría de magistrados y, respondido tímidamente por el entonces titular del Poder Judicial, aquel episodio se enmarca como uno de los más censurables capítulos de interferencia e intromisión entre poderes que recuerde el país.
Merodeó un vicioso tufo de amedrentamiento hacia las instancias judiciales.
Desató inmediato repudio en la opinión pública.
La ira presidencial no se contuvo. La emprendió de nuevo contra la Fiscalía y amenazó con convertir a la Procuraduría General de la República en su brazo acusatorio.
El país ha sido testigo, a lo largo de estos 15 meses de gestión gubernamental, de una apuesta desde su cúpula por socavar cimientos institucionales en que se asienta la democracia tica.
Hoy el largo brazo de la justicia dice presente…
Los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General en las últimas horas, en procura de evidencia que contribuya al esclarecimiento de hechos denunciados, recuerdan que nadie está más allá ni por encima de la ley ni de la justicia.
El Fiscal General reconoce que el camino es largo.
Pero el paso dado es fundamental en defensa de una institucionalidad asediada, como nunca antes, desde lo más alto del poder.
