- Miguel Henrique Otero, director-propietario de El Nacional, Caracas, exiliado en Madrid, destaca amenaza del crimen organizado a la democracia en la región
Edgar Fonseca, editor
El narcotráfico y el crimen organizado apuntan a tomar el poder político en naciones de Latinoamérica. Lo hicieron en Venezuela, un estado fallido, en Colombia la narcoguerrilla domina vastas extensiones territoriales y avanza en Bolivia, afirmó el periodista venezolano Miguel Henrique Otero, director-propietario del diario El Nacional de Caracas, exiliado desde 2015 en Madrid ante amenazas de juicio y encarcelamiento por el régimen de Nicolás Maduro.
Advierte que el reciente asesinato del candidato presidencial ecuatoriano y periodista investigador, Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto, es un mensaje de las mafias contra quien se atraviese en sus objetivos.
Así lo expuso en una amplia entrevista Zoom Facebook Live que concedió a este editor ayer miércoles 23 de agosto desde su residencia en Madrid.
Cauto en su expectativa del futuro de Venezuela, cree que dicha nación vive un “impasse” en su historia institucional.
El régimen chavista, estima, no será eterno y en algún momento retornará la normalidad democrática.
Ve difícil el desenlace luego de la próximas elecciones primarias del 22 de octubre para elegir un líder opositor de cara a las presidenciales de 2024 frente a un régimen que no está dispuesto a ceder el poder.
“Venezuela no es una dictadura normal. Es un estado fallido”, remarcó.
“Venezuela es una corporación criminal que ha secuestrado el país. Dentro de esa corporación están todos estos individuos, algunos que llaman Cartel de Los Soles que son parte del régimen, que son parte de la estructura del narcotráfico”, sentenció.
“Estas estructuras del narcotráfico quieren apoderarse del poder político con gente que está involucrada en el negocio. Este tipo de cosas empezó con alianzas geopolíticas en el caso de Chaves, de los cubanos, con las FARC, ELN para lograr beneficios electorales, pero en la que medida que fue pasando el tiempo se fueron involucrando en el negocio, en este tipo de corporaciones criminales”, sostuvo.
“Es un peligro mucho mayor para la sociedad latinoamericana”, alertó.
Ratificó que bajo la dictadura, no hay condiciones para que la comunidad internacional, EE.UU., Europa, cese las sanciones impuestas en particular a la cúpula gobernante encabezada por Maduro y el poderoso número dos, Diosdado Cabello.
Sobre ambos resaltó las órdenes de captura giradas por la Departamento de Justicia de EE.UU., por presunta vinculación al narcotráfico internacional y las recompensas de $15 millones y $10 millones, respectivamente, que ofrece el gobierno norteamericano por someterlos la justicia.
Cabello no puede moverse libremente por el mundo, recordó.
No puede viajar a Panamá, República Dominicana o México, ni a ninguna parte, porque es sujeto de captura, aseguró.
Fue precisamente Cabello quien demandó al periodista Otero en 2015 por la divulgación de un informe internacional que vinculaba al líder chavista a una investigación de EE.UU. de narcotráfico contra el Cartel de Los Soles, organización que –según autoridades norteamericanas– opera desde Venezuela bajo el mando de dicho político, expresidente de la Asamblea Nacional.
El Cartel de los Soles
“Al menos desde 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y administradores del Cártel de Los Soles o “Cártel de los Soles”. El nombre del Cartel se refiere a las insignias solares colocadas en los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela—incluyendo partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial—para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cártel de Los Soles buscaba no sólo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también “inundar” los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos dañinos y adictivos de la droga a los consumidores en los Estados Unidos”.
Fuente: Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges, US. Department of Justice, Marzo 26, 2020
Los cargos contra Cabello y Maduro
"Además del lavado de dinero y las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico. En colaboración con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano, Tareck El Aissami (El Aissami), a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de drogas que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y hacia Europa. Cabello también dirige a Pedro Luis Martín Olivares, quien fue designado conforme a la Ley Kingpin el 7 de mayo de 2018, en actividades ilícitas. A finales de 2016, Cabello y Martín trabajaron juntos para mover dinero ilícito a Panamá, República Dominicana y las Bahamas. En marzo de 2017, Cabello confiscó cargamentos de droga a narcotraficantes de pequeña escala, los combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos. También a principios de 2017, Cabello exigió información a la burocracia del gobierno venezolano sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, lo que pudo haberlo ayudado a identificar a otros narcotraficantes, blanqueadores de dinero y competidores, con el fin de robar sus drogas y propiedades, y eliminando la competencia". Fuente: Treasury Targets Influential Former Venezuelan Official and His Corruption Network, US. Department of The Treasury, Mayo 18, 2018 Las sanciones contra Maduro "Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela y otros. socavando la democracia en Venezuela. Estas sanciones se producen un día después de que el gobierno de Maduro celebrara elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (Asamblea Nacional Constituyente, o ANC) que aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, reescribir la constitución e imponer un régimen autoritario a la población. pueblo de Venezuela. Como tal, representa una ruptura en el orden constitucional y democrático de Venezuela. La administración de Maduro ha procedido con el ANC a pesar de que los venezolanos y los gobiernos democráticos de todo el mundo se han opuesto abrumadoramente a él por considerarlo un asalto fundamental a las libertades del pueblo venezolano. La creación del ANC sigue a años de esfuerzos de Maduro para socavar la democracia y el estado de derecho de Venezuela". Fuente: Treasury Sanctions the President of Venezuela, U.S. Department of Threasury, Julio 31, 2017
