PuroPeriodismo/DW, Alemania/Foto Kevin Tschierse/DW
En el período 2019-2022, los feminicidios en Cuba han ido anualmente en aumento: de 14, 32 y 34 a 36 en el 2022. “En lo que va de este año, hemos contabilizado ya 55”, cuenta desde Ginebra a DW Yanelis Núñez, del Observatorio de Género de Alas Tensas. A las sesiones preparatorias del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, que tendrá lugar el quince de noviembre, organizaciones de la sociedad civil hacen llegar informes sobre la situación de diversos temas de derechos humanos. En este caso, de violencia basada en género, informa el sitio noticioso DW de Alemania.
“Ante la ausencia de cifras y estadísticas, la revista Alas Tensas abrió su observatorio para comenzar la contabilización de los casos. Muchos de los primeros que contabilizamos en 2019 habían aparecido en algún medio oficial. Luego empezamos con nuestra red de observadoras y personas aliadas, activistas, voluntarias, que nos ayudan en distintas provincias del país para estar alertas ante cualquier denuncia. Las voluntarias son anónimas”, cuenta Núñez, que vive en España desde 2019.
Éste es uno de los hallazgos que lleva el informe de ocho organizaciones de sociedad civil al Comité de Derechos Humanos: las restricciones para acceder a datos de violencia basada en género (VBG) en la isla. También la falta tanto de refugios para mujeres maltratadas como de atención especializada, agrega DW.
“Las organizaciones que están en el terreno tienen diversos métodos y enfoques. Por ejemplo, De Mujer a Mujer y de Hombre a Hombre estableció ‘Casas Escucha’ para atender a víctimas de violencia, y han registrado 435 víctimas, mayormente en el ámbito familiar”, explica a DW una especialista de la oficina para Latinoamérica de la organización sueca Civil Rights Defenders (CRD).
“Hay que resaltar que nos enfrentamos a subregistros, porque las voluntarias no tienen potencialidad para cubrirlo todo y además no tienen ningún permiso para actuar. Una de las recomendaciones que pedimos a los Estados que le hagan a Cuba durante el EPU es, precisamente, dejar de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil que están en primera línea atendiendo a las víctimas”, agrega la especialista de CRD, que prefiere hablar en nombre de la organización, para evitar represalias personales del Estado cubano, según dicho sitio.
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