Edgar Fonseca, editor
La junta directiva del Banco Central deberá dar explicaciones en la Asamblea Legislativa sobre el plan de montar una superbase de datos confidenciales de las operaciones crediticias en el sistema bancario nacional.
La moción fue aprobada este jueves por la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
La iniciativa la adoptó el Central 23 de noviembre de 2022 mediante una resolución de gestión de los datos ante la Superintendencia General de Entidades Financieras.
Dicho ente se negó a entregar la información bajo alegatos legales de confidencialidad. Por esa razón el 21 de abril la gerente del Central, Hazel Valerde Richmond, denunció a la Superintendente Rocío Aguilar Montya ante la Fiscalía por supuesta desobediencia a la autoridad.
Hoy la comisión legislativa acordó la comparecencia de la gerente Valverde y de la junta directiva del Central, encabezada por su presidente Róger Madrigal López. La directiva la integran además: Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, Marta Eugenia Soto Bolaños, Silvia Charpentier Brenes, Jorge Guardia Quirós, Miguel Cantillo Simón y Max Alberto Soto Jiménez.
El pedido de la comisión trascendió al tiempo que la Union de Cámaras y Empresas del Sector Privado (UCCAEP) cuestionó la presión el Central de demandar datos explícitos de los usuarios de créditos en el sistema bancario nacional.
“No es de recibo justificar la solicitud de información sensible de los costarricenses para fines estadísticos sin anonimizarla y no observa la existencia de criterios técnicos para contar con esta información de forma detallada, centralizada y sin anonimizar”, cuestionó UCCAEP.
Potenciales riesgos
Economistas independientes alertaron de potenciales riesgos como uso inadecuado, inapropiado y revanchas políticas y comerciales con la eventual creación de la superbase de datos confidenciales en el Central.
Así lo advirtieron ayer los economistas y exdirectores del Central, Luis Mesalles y Ronulfo Jiménez, y José Luis Arce de la firma FCS, durante un conversatorio Zoom Facebook Live con este editor.
La iniciativa trascendió el 17 de agosto cuando la Sugef reveló la acusación penal interpuesta contra su titular, Aguilar Montoya, por Valverde Richmond, gerente del Central, por la negativa a entregar los datos.
Según Sugef, el Central hizo la solicitud de la información confidencial bajo un acuerdo de la junta directiva del 23 de noviembre de 2022.
Al no suministrar Sugef los datos, la gerente Valverde denunció a la Superintendente Aguilar el 21 de abril el presente año ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Contra el plan del Central, hay fuertes cuestionamientos públicos y privados.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) interpuso una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo.
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) demandó al Central suspender el pedido de información a la Sugef y ordenó a este ente no entregar los datos.
