Edgar Fonseca, editor
Cuestionadas contrataciones de publicidad de 14 instituciones con el estatal Sinart por unos ¢8.000 millones serán investigadas por una comisión legislativa especial.
La moción fue aprobada ayer miércoles con el respaldo de 42 legisladores.
“De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión”, cita la moción.
“Se requiere determinar el manejo correcto o no, de fondos públicos por más de 8.000 millones de colones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos al Sinart mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios normas jurídicas correspondientes”, añade la propuesta de investigación legislativa.
“Se debe investigar también la forma en que se coloca la publicidad en detrimento del interés general y a quien se contrata servicios de mercadeo”, agrega.
Algunas de las contrataciones se dieron antes que entraran a regir restrictivas regulaciones el 1 de diciembre 2022.
El ICE, AyA y la Junta de Protección Social forman parte de las entidades que aceleraron las contrataciones con el Sinart.
Tras trascender los casos a la opinión pública, la Contraloría General de la República anunció que investigará la legalidad de dichas contrataciones.