Edgar Fonseca, editor
Ante la arremetida de estructuras del crimen organizado que hacen prever cifras récord en homicidios al cerrar el año, el gobierno pretende que la Asamblea Legislativa apruebe un estado de crisis que permita reforzar los recursos de la Fuerza Pública.
El anuncio lo hizo el ministro de Seguridad, Mario Zamora, durante una entrevista que concedió ayer a este editor vía Zoom Facebook Live.
Es el “momento histórico” de actuar antes que el cáncer del sicariato haga metástasis, advirtió.
“El momento es crítico. Se requiere de quimioterapia intensiva, severa”, ratificó.
Pretende que el Poder Legislativo haga una interpretación auténtica de ley ante la gravedad del fenómeno criminológico que, con 600 casos de homicidios al iniciar setiembre, eleva la tasa de esos hechos a 12,7 por cada 100 mil habitantes, lo que cae bajo situación de pandemia pública, según parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cuestionado por qué no se decreta un estado de emergencia nacional, el funcionario aclaró que la legislación y jurisprudencia no avalan tal declaratoria sino se trata de desastres naturales.
Por eso presiona por la interpretación legal que permita reforzar en recursos presupuestarios, de personal, vehiculares y tecnología a Seguridad Pública. Estima que requieren al menos 1.500 nuevas plazas de oficiales.
Espera más acciones y menos discursos de los diputados para fortalecer a los entes de seguridad.
El recorte de ¢1.900 millones de un reciente presupuesto extraordinario por ¢6.000 millones, les afecta mejoras vehiculares, compra de combustibles y uniformes.
El deficit en recursos, mientras las bandas criminales se profesionalizaron, lo atribuyó a la decisión política en la última década de restarle a Seguridad los fondos del impuesto de la ley de sociedades.
En su anterior periodo como ministro, dijo, esos recursos permitieron a la Fuerza Pública reducir la tasa de homicidios de 12 por cada 100 mil habitantes a 8, al cierre de la administración Chinchilla Miranda (2010-2014).
“Diablo” caerá tarde o temprano
El funcionario habló horas después de la captura, el domingo en Siquirres, de un individuo de apellido Blanco, segundo al mando de la organización narcocriminal de Arias Monge alias Diablo, que opera en el Atlántico, vinculada a decenas de violentos golpes y homicidios.
Exaltó dicha captura como una evidencia que las autoridades atacan en estos momentos no solo a los sicarios sino a las estructuras de mando y, aseguró que, tarde o temprano arrestarán al principal cabecilla de la organización de quien, sostuvo, cuenta con alta complicidad en la zona donde permanece en fuga.
“Cada vez nos acercamos más a ese objetivo”, destacó pero previno que la captura de un presunto líder criminal como este no significa el fin de las acciones delictivas, por lo que se debe continuar atacando a sus estructuras.
Puso de ejemplo el caso del Chapo Guzmán, sentenciado a penas perpetuas en EE.UU., mientras su organización sigue operando en México.
7 grandes operativos
Las operaciones contra este grupo las enmarcó dentro de 7 grandes acciones desplegadas a lo largo y ancho del país entre las que enumeró: seguridad en Limón; control de APM Terminals, Moín, que calificó como la “joya de la corona” para proteger las exportaciones; control de minería ilegal en Crucitas, Cutris de San Carlos; seguridad en Puntarenas; seguridad en Nicoya; barrios del sur de San José y operativo migratorio de emergencia en frontera de Paso Canoas ante la llegada masiva de migrantes. Solo en agosto arribaron 60 mil personas, precisó.
Similar al operativo de Moín, la Fuerza Pública tomará pronto control del muelle de Japdeva, Limón, para completar las acciones portuarias de enfrentamiento a bandas internacionales narco.
Hay y habrá asistencia de EE.UU. y de otras naciones en seguridad, dijo, pero el país debe resolver por sí el desafío de la creciente criminalidad. “La responsabilidad primera y más importante es nuestra”, enfatizó.
Entre los planes figura la creación de un gran centro nacional de inteligencia policial que haga más eficiente la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en general en todo el país.
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