Edgar Fonseca, editor
La comisión legislativa especial que investigará cuestionadas contrataciones de publicidad de instituciones públicas con el Sinart por unos ¢8.000 millones quedó debidamente formalizada ayer lunes.
El ICE, AyA y la Junta de Protección Social forman parte de las entidades que aceleraron las polémicas contrataciones con el Sinart.
“Paso crucial”
Rodrigo Arias, presidente del Congreso, calificó de “crucial” la labor de dicha comisión.
“Hoy se ha formalizado la integración de una comisión investigadora sobre el Sinart, un paso crucial para garantizar la rendición de cuentas y el acceso a información objetiva en nuestra sociedad”, destacó.
La comisión la integrarán: Dinorah Barquero y Danny Vargas Serrano, Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro Mora, Unidad Social Cristiana (PUSC); Johana Obando, Liberal Progresista (PLP); Ariel Robles Barrantes, Frente Amplio (FA); Ada Acuña, Progreso Social Democrático (PPSD) y José Pablo Sibaja Jiménez, Nueva República (PNR).
La moción para crear dicha comisión fue aprobada el miércoles 13 de setiembre con el respaldo de 42 legisladores.
“De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión”, citó la moción.
“Se requiere determinar el manejo correcto o no, de fondos públicos por más de 8.000 millones de colones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos al Sinart mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios normas jurídicas correspondientes”, añadió la propuesta de investigación legislativa.
“Se debe investigar también la forma en que se coloca la publicidad en detrimento del interés general y a quien se contrata servicios de mercadeo”, agregó.
Algunas de las contrataciones se dieron antes que entraran a regir restrictivas regulaciones el 1 de diciembre 2022.
Tras trascender los casos a la opinión pública, la Contraloría General de la República anunció que investigará la legalidad de dichas contrataciones.
