Especial PuroPeriodismo/La Prensa, Ciudad Panamá
La justicia panameña será puesta a prueba a partir del 27 de septiembre, cuando está previsto que comience el juicio, equivalente al Núremberg de la corrupción en Panamá: dos expresidentes, sus hijos, familiares y hasta la amante de uno de ellos; seis exministros, sus testaferros, facilitadores y operadores extranjeros serán juzgados por el lavado de dinero de los sobornos de Odebrecht, destaca un informe especial del diario La Prensa de Ciudad Panamá.
Los principales hitos del caso Odebrecht, una cronología que duró 17 años e incluyó $10 mil millones en contratos para una constructora extranjera, con la venia de los organismos de control. Ahora, dos expresidentes podrían ser condenados por lavar el dinero de los sobornos y aportes de campaña. La historia del mayor caso de corrupción en Panamá.
La evidencia contra ellos es monumental. El expediente tiene 915 mil hojas atiborradas de pruebas, como registros bancarios y societarios, documentos oficiales con movimientos migratorios y compra de bienes, esquemas infinitos de la ruta del dinero oscuro y las declaraciones de testigos protegidos, además de las de los imputados, agrega La Prensa.
“Es el mayor atraco de fondos públicos de la historia”, dijo el fiscal Mahmad Daud Hasan durante las audiencias de septiembre de 2022, tras compartir los hallazgos del Ministerio Público desde el 18 de septiembre de 2015, cuando inició la investigación, hasta el 12 de abril de 2021, cuando pidió enjuiciar 50 personas.
Como película del crimen organizado
La trama de Odebrecht en Panamá es tanto o más atractiva que la más taquillera de las películas sobre el crimen organizado, resalta el medio panameño.
Presidentes y ministros recibían al jefe de una empresa extranjera en sus despachos, aceptaban invitaciones a viajes, a fiesta con mujeres, a partidos de fútbol en el extranjero. Juntos, volaban en jets privados y brindaban con carcajadas. Se volvieron compinches. En restaurantes de lujo, hablaban de obras, de lo que costarían y de los precios que inventarían. Decían cosas como “quédese tranquilo, van a tener oportunidades” o “quédese tranquilo, yo le tramito eso”. Entonces entran en escena una manada de abogados, banqueros y testaferros que abren cuentas en paraísos fiscales, crean sociedades y firman papeles para que el botín llegue a su jefe sin que nadie se entere. Pero un puñado de investigadores le siguieron la pista y sus maniobras desencadenaron un escándalo.
Esas escenas, que parecen de película, no son ficción: sucedieron en Panamá entre 2006 y 2016. Desde el momento en que Odebrecht desembarcó en el país para construir un proyecto para el agro, hasta poco después de que la policía de la ciudad de Curitiba destapara la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil y la región –la operación Lava Jato–, la cúpula política y económica tejió una maraña turbia que los volvió ricos con el robo de millones de dólares de las arcas públicas.
Simplificada, la mecánica del desfalco fue así: a Odebrecht se le adjudicaba una licitación –muchas veces con el pliego de cargos arreglado a su favor–; el excedente entre lo que valía y lo que la empresa decía que valía –sobrevaloración– viajaba a la Caja 2 del Sector Operaciones Estructuradas –que no era otra cosa que la oficina de coimas–, y desde ahí era repartido en sobornos a políticos y empresarios que garantizaban esos contratos, a través de una estructura offshore diseñada para que los delincuentes pasaran inadvertidos. Saldadas las coimas, la empresa conseguía más dinero para alimentar esa caja: más contratos –o adendas– con precios inflados.
En un listado de 23 proyectos adjudicados a Odebrecht entre 2006 y 2019 por más de $10,625 millones, La Prensa identificó una diferencia entre el precio inicial y el precio final de $2,305 millones. Se trata de obras autorizadas por tres presidentes de la República, de tres partidos distintos. Durante ese tiempo, en un país donde hay atascos vehiculares de tres horas para llegar a trabajar y el suministro de agua se corta cada dos por tres, la empresa repartió más de $130 millones en sobornos. ¿Cómo lo hizo?
Solo en 4 de las 23 obras rastreadas por La Prensa, Odebrecht no subió los costos, aunque ello no significa que los precios no estuvieran inflados de antemano. En las 19 restantes, hubo aumentos que totalizaron $2,305,452,566. En el remoto caso de que no se inflaron los valores de antemano, los panameños debieron haber pagado $8,320 millones en total, pero terminaron pagando $10,625 millones en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009), del Partido Revolucionario Democrático (PRD); de Ricardo Martinelli (2009-2014), de Cambio Democrático, y Juan Carlos Varela (2014-2019), del Panameñista.
Para dimensionar tal cantidad de dinero, con $2,305 millones Panamá podría cubrir el déficit fiscal actual, construir mil escuelas o más de 20 mil canchas sintéticas. Alcanza y sobra también para comprar 687 millones de dosis de antihipertensivos, uno de los medicamentos más solicitados en farmacias. Así que lo que no se hizo por andar pagando sobornos representa otro costo, que es el costo social de la corrupción: niños sin escuelas ni canchas o parques para jugar, adultos sin medicamentos y localidades aisladas por falta de caminos.
Un avasallante legado de corrupción
En Panamá no hubo sorpresa cuando, en 2014, la Operación Lava Jato desenrolló la mayor red de corrupción de la región. Odebrecht era una vieja conocida para organizaciones, periodistas y la ciudadanía alejada, pero siempre pendiente de los arreglos bajo la mesa que a partir de este juicio serían exhibidos de manera descarnada. Ya lo sabían: Odebrecht era una aplanadora que conquistaba cualquier poder de turno a punta de “favores”.
Solo en la web de La Prensa, hay 2,004 artículos publicados con la etiqueta de Odebrecht desde 2007 hasta el momento exacto en que la policía federal de Brasil destapó el esquema de empresas brasileñas involucradas en lavado de dinero, sobornos y financiamiento ilícito a campañas en América Latina. El primero de ellos, del 21 de enero de 2007, avisaba a propósito de una maniobra contractual para garantizar su entrada –en reemplazo de Pycsa– en la autopista Panamá-Colón: “Odebrecht no llega a Panamá con un historial limpio […] ha sido acusada de corrupción en Brasil y Perú, y de incumplir un contrato en Venezuela”.
Las sospechas fueron apenas un suspiro para el tsunami que vendría.
Diez años después de esa noticia, las evidencias sobraban. Desde sobrecostos que podrían sobrepasar los más de $2 mil millones en contratos amañados, pasando por la detención de Marcelo Odebrecht en Brasil, hasta las delaciones de ejecutivos que filtraron medios panameños –por ejemplo, la de Luiz Antonio Mameri, quien aseguró que hubo pagos al hoy exministro de la Presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu por $4 millones– o declaraciones de operadores financieros, como Rodrigo Tacla Durán, que atribuyó la impunidad del caso en sus inicios a la amistad entre el entonces presidente Juan Carlos Varela y el representante de Odebrecht en Panamá, André Luiz Campos Rabello. Pero los organismos de control no reaccionaban, pese a que voces de la sociedad civil así lo exigían, y la justicia se resistía a investigar.
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Mientras en Perú, Colombia y Ecuador abrían procesos que incluían a expresidentes y presidentes en ejercicio, las cúpulas políticas y empresariales, en Panamá había silencio institucional, y la aplanadora brasilera aturdía como siempre: seguía quedándose con las obras más importantes, como la línea 2 del Metro y la renovación de Colón. Odebrecht parecía más sagrada que el Canal.
Especial PuroPeriodismo/La Prensa, Ciudad Panamá
