-Noticiero fuera del aire por protesta de periodistas
Edgar Fonseca, editor
La directora de noticias del estatal canal 13, Eysel Chacón, fue destituida de manera abrupta, sin que hayan trascendido razones de la decisión ejecutiva oficial.
El noticiero Trece Noticias, quedó fuera del aire ayer lunes a mediodía tras una inusual protesta de periodistas por la destitución de Chacón.
En su lugar fue designado el periodista Luis Carlos Arce Méndez.
¿Por qué quitar a alguien que ha liderado el grupo de la mejor manera, y que ha velado incansablemente por subir la calidad del servicio que brindamos, a pesar de que han debilitado el noticiario, el cual ha perdido recursos humano y al que han atado de manos con las inexplicables decisiones de desligar a camarógrafos y editores de la autoridad de quien dirige Trece Noticias”, reclamaron los quejosos.
“Como parte de la organización debemos acatar, pero lo hacemos en total desacuerdo”, añadieron.
Chacón tiene una licenciatura en Producción Audiovisual de la Universidad San Judas Tadeo y es bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas.
Asumió su cargo en el Sinart en junio 2022, un mes después de iniciada la administración del presidente Rodrigo Chaves.
Según su cuenta en la red X (antes Twitter), tiene 15 años de laborar para canal 13, en donde ha ejercido como periodista y jefe de información antes de asumir la dirección del noticiero.
No hay reacción oficial ante la posición de los periodistas y se desconoce cuándo retornara el noticiero a sus ediciones normales.
¿Posible detonante?
José Luis Valverde, expresidente del Colegio de Periodistas, no descartó que la destitución obedeciese a presiones por divulgar manifestaciones de dos diputados PLN.
“Un día de estos, de pasadita, vi unas informaciones donde salían declaraciones de los diputados Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, en tiempos de intolerancia, no me extrañaría haya sido el detonante”, aseveró.
Sinart bajo investigación
La destitución de Chacón trascendió al tiempo que una Comisión Legislativa especial inicio investigaciones sobre presuntas anomalías con contrataciones de publicidad por ¢8.000 millones de 14 instituciones en el Sinart.
El ICE, AyA y la Junta de Protección Social forman parte de las entidades que aceleraron las polémicas contrataciones con el Sinart.
“Paso crucial”
Rodrigo Arias, presidente del Congreso, calificó de “crucial” la labor de dicha comisión.
“Se ha formalizado la integración de una comisión investigadora sobre el Sinart, un paso crucial para garantizar la rendición de cuentas y el acceso a información objetiva en nuestra sociedad”, destacó Arias sobre la labor de dicha comisión.
La comisión la integran: Dinorah Barquero y Danny Vargas Serrano, Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro Mora, Unidad Social Cristiana (PUSC); Johana Obando, Liberal Progresista (PLP); Ariel Robles Barrantes, Frente Amplio (FA); Ada Acuña, Progreso Social Democrático (PPSD) y José Pablo Sibaja Jiménez, Nueva República (PNR).
La moción para crear dicha comisión fue aprobada el miércoles 13 de setiembre con el respaldo de 42 legisladores.
“De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión”, citó la moción.
“Se requiere determinar el manejo correcto o no, de fondos públicos por más de 8.000 millones de colones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos al Sinart mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios normas jurídicas correspondientes”, añadió la propuesta de investigación legislativa.
“Se debe investigar también la forma en que se coloca la publicidad en detrimento del interés general y a quien se contrata servicios de mercadeo”, agregó.
Algunas de las contrataciones se dieron antes que entraran a regir restrictivas regulaciones el 1 de diciembre 2022.
Tras trascender los casos a la opinión pública, la Contraloría General de la República anunció que investigará la legalidad de dichas contrataciones.