Edgar Fonseca, editor
La aspiración del gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, de llegar a presidir el BCIE, fue impugnada este viernes a último momento por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, informan medios de Honduras.
En la elección resultó electa, finalmente, la costarricense Gisela Sánchez Maroto, propuesta por Chaves.
Sánchez Maroto es ingeniera industrial. Destaca en su experiencia profesional los cargos de Directora Regional de Estrategia de BAC Costa Rica, Directora Regional de Relaciones Corporativas de Florida Ice & Farm Company y Presidente y CEO de la empresa Global Endeavors, contando con amplia experiencia en cargos ejecutivos y directivos en asuntos económicos, financieros, bancarios y de políticas de desarrollo, según el sitio oficial BCIE.
Impugnación de Alfaro
El primer reclamo por la terna final de candidatos a la presidencia del BCIE fue presentado por Costa Rica y fue en contra de su compatriota Alfaro Araya, informa el sitio El Heraldo de Tegucigalpa.
No obstante, se conoció que la asamblea no admitió la denuncia del gobierno de Costa Rica y Alfaro Araya continuó en la terna, agregó dicho medio.
De Alfaro Araya, ingeniero civil, el sitio oficial BCE destaca en su experiencia profesional los cargos de Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica, Superintendente General de Entidades Financieras de su país y Subgerente General de Riesgo y Crédito del Banco Nacional de Costa Rica, contando con amplia experiencia en banca de desarrollo, banca comercial, banca de inversión y supervisión bancaria.
Su pretensión empezó a ser vista inviable por observadores de dicha elección tras el escándalo que ha enfrentado el Banco Nacional con la sustracción de $3.293 millones atribuida a un funcionario de tesorería junto a otros servidores.
El caso fue detectado el 3 de octubre pero fue hasta el 23 de octubre que la alta gerencia del banco denunció los hechos ante la Fiscalía.
Tras estallar el escándalo, Casa Presidencial anunció una investigación contra la junta directiva del Nacional por el caso pero no se ha precisado a la fecha qué instancia la realiza ni los extremis de la pesquisa.
El atraso del banco en denunciar el hecho generó fuerte censura pública y críticas del fiscal general, Carlo Díaz, por la afectación en las tareas investigativas que implicó.
Contra el funcionario sospechoso fueron dictados seis meses de prisión preventiva y rigen otras medidas cautelares sobre el resto de seis aparentemente relacionados con los hechos.
Las autoridades presumen que el principal sospechoso empezó las sustracciones de dinero desde 2019.
Llegó a gastar hasta ¢3 millones diarios en compras de distintas loterías.
