Edgar Fonseca, editor
Armando Gómez Ordoñez, quien figuró como director de comunicación de Casa Presidencial, del 8 de mayo al 22 noviembre 2022, guardó silencio ayer lunes ante los diputados que investigan la cuestionada estrategia publicitaria del gobierno por medio del Sinart.
Amparado en que el tema está en una investigación judicial, Gómez Ordoñez, no respondió preguntas en su comparecencia ante los integrantes de la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones del Sinart, destacó la cuenta Facebook de la Asamblea Legislativa.
Gómez, quien es asesor prensa del Ministerio de Economía y Comercio, llegó acompañada de una abogada.
Leyó una declaración y no declaró cuando lo interpelaron los legisladores.
“Siendo que las comunicaciones entregadas por Navarro Molina podrían contener información sensible y desarrollarse una línea de investigación en la que podría figurar como parte procesal, es mi decisión acogerme al derecho de abstención a declarar sobre aquellos aspectos que podrían atribuirme erróneamente algún tipo de responsabilidad”, alegó Gómez.
Se refirió a audios difundidos por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, sobre presuntas presiones en Casa Presidencial para una contratación del empresario Christian Bulgarelli de una asesoría en comunicación por $405 mil con fondos del BCIE. Los audios los reveló La Nación en diciembre 2023.
Según esos audios, Gómez habría participado de dos sesiones el 14 y 15 de julio 2022 donde se definió, respectivamente, el contrato con Bulgarelli y una alegada presión del presidente Rodrigo Chaves para que su asesor Federico Cruz fuese parte y, luego, una presunta orden del gobernante para eliminar toda publicidad estatal de La Nación, CR Hoy, Canal 7 y Nuestra Voz de Radio Monumental.
Al rehusar responder a los diputados, Gómez enfatizó que pretende resguardar y preservar su integridad como individuo, frente al poder del Estado.
Las contrataciones vía Sinart son, además, objeto de investigaciones legislativas, de la Contraloría General de la República y la Fiscalía.
Las diferentes instancias investigan presuntas anomalías con precipitadas contrataciones en el fin de año 2022 antes de que entrara en rigor la Ley de Contratación Pública.
Investigan contratos por unos ¢8.000 millones en entidades como la Junta de Protección Social, ICE, INS.
