Edgar Fonseca, editor

El canciller Arnoldo André Tinoco negó que exista una persecución sistemática de opositores nicaragüenses en el país luego de la extradición de Douglas Pérez Centeno, acusado por las autoridades de la vecina nación de ser coautor de muerte de una policía y un civil.

André Tinoco aseveró que en la extradición de dicho individuo, que carecía de condición de asilado o refugiado en el país, se cumplió con un mandato de autoridad judicial.

El titular de Relaciones Exteriores confirmó que hay otro caso pendiente de definición.

Se trata de dos casos aislados y no de una persecución sistemática, insistió.

Sostuvo que se tendrá el cuidado para que la extradición judicial de opositores nicaragüenses no se convierta en una práctica generalizada.

En ambos casos, dijo, hay discusión porque se observan delitos comunes en la conducta de dichos individuos.

Así lo declaró durante una amplia entrevista que concedió a este editor vía Zoom Facebook Live el pasado martes 27 de febrero.

En dicha entrevista André Tinoco también destacó:

–Costa Rica no reconocerá la inhabilitación de la candidata opositora venezolana María Corina Machado como presiona el régimen de Maduro. Con esa posición viajó ayer a una cumbre de Celac en las islas San Vicente-Granadinas, Caribe.

–Basado en el respaldo masivo en las urnas y que no hubo cuestionamientos de observadores internacionales, no ve que El Salvador se encamine hacia una dictadura bajo el presidente Nayib Bukele. Admitió, no obstante, el control absoluto que ejerce dicho gobernante sobre los tres poderes del Estado.

Cuestionamientos por abrupta extradición

Un abogado de Pérez Centeno, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias “Relámpago”, denunció que la extradición fue ejecutada el viernes 16 de febrero pese a un recurso de Habeas Corpus pendiente ante la Sala Constitucional.

Según el sitio Confidencial que opera desde San José, Daguer Hernández, abogado defensor de Álvarez explicó que interpuso ante la Sala Constitucional de Costa Rica un segundo Habeas Corpus para impedir la ejecución de la extradición de Álvarez. Dijo que la Sala Constitucional acogió el recurso la tarde del 16 de febrero, pero las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya habían ejecutado la extradición. 

El recurso de Habeas Corpus, presentado por Hernández, se basó en el riesgo de que Álvarez fuese sometido a tortura en Nicaragua, al tratarse de un perseguido político y dados los señalamientos de reos y excarcelados políticos que han sufrido tortura y tratos degradantes a manos de funcionarios del régimen.

El segundo caso pendiente es el de Reinaldo Picado Miranda, alias “comandante Omar” y también exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, quien aún permanece encarcelado en Costa Rica, según dicho sitio.

Pérez, de 44 años, era requerido por las autoridades de su país por los delitos de homicidio, tráfico de armas y crimen organizado, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, destacó un informe del sitio DW de Alemania.

Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de hábeas corpus que señalaban el riesgo de que el nicaragüense sea sometido a tortura por el Gobierno de Nicaragua que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y de mantener presos políticos.

Pérez, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias “Relámpago”, fue detenido por las autoridades costarricenses el 31 de octubre de 2022 en Los Lagos, provincia de Heredia (centro), debido a que contaba con una alerta internacional de captura. Pérez es sospechoso de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, además de crimen organizado y secuestro simple, según las acusaciones de las autoridades de Nicaragua, según DW.

La extradición se efectuó el viernes bajo dirección del Tribunal Penal de Liberia (de la provincia de Guanacaste) en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con colaboración de la Policía Nacional de Migración, informó el OIJ.