Edgar Fonseca, editor/Foto video OIJ
Con la advertencia que el país no está lejos de caer en el escenario de un “narcoestado”, el director general OIJ, Randall Zúñiga, intensificó ayer la presión a los diputados para que excluyan a dicho ente policial de las restricciones fiscales de la Ley Marco de Empleo Público que aplican para todo el sector estatal.
“La diferencia de caer en un narcoestado es la diferencia que pueda generar el OIJ, con su personal competente y capacitado”, aseveró Zúñiga ante la prensa en medio de fuertes presiones desde el sector judicial ante la Asamblea Legislativa para que se apruebe un proyecto que los exima de los extremos restrictivos de la referida ley y de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La conferencia fue convocada horas después de un gran operativo policial encabezado por Zúñiga que desarticuló ayer un grupo de supuestas religiosas a las que vinculan a presunta trata de personas, torturas y legitimación de capitales, entre otros cargos. El hecho sacudió a la opinión pública. Nota aparte.
Los titulares de Hacienda y Planificación, Nogui Acosta y Laura Fernández, se oponen a la pretensión del jerarca del Organismo de Investigación Judicial.
Peligroso portillo
“Nos preocupa por el desmantelamiento de la Ley 9635. Esa ley no solamente creó una serie de condiciones para el pago de prohibición, de anualidades. Regresar a ese momento va a generar una distrofia en el sistema, porque va a haber personas que van a ganar un 65% de prohibición y otros 55% de dedicación exclusiva y otros que van a ganar 30% y 25%. Me parece que la estrategia del OIJ va mal encaminada”, advirtió Acosta.
“Abre un peligroso portillo para que otros grupos reclamen el mismo tratamiento, lo cual producirá diferencias salariales odiosas entre los funcionarios”, alertó la ministra Fernández.
El proyecto lo apoyan diputados de 5 fracciones opositoras: PLN, PUSC, PLP, Nueva República y Frente Amplio.
No es un aumento
“No estamos pidiendo un aumento salarial, ni un aumento de presupuesto, estamos pidiendo volver antes de esa ley”, reconoció Zúñiga sobre la pretensión de que se les exima de la restricciones que impone al sector público la reforma fiscal aprobada en 2018 tras un tenso periodo social de enfrentamientos políticos y disturbios en las calles.
Dice que no es un capricho
“No es un capricho”, alegó.
“No estoy pidiendo una alfombra para mi oficina”, reclamó en conferencia de prensa.
“Es un tema de país. Estamos en una situación criminal que está desbordando el país”, remarcó.
“No se ha visto esta situación de homicidios, delitos, personas heridas, intentos de homicidios y se requiere una gran entereza para que el país no sucumba”, añadió.
“El momento en que maten a un juez o un fiscal por las labores que están haciendo, a un policía o director de policía, a un político, sea diputado o ministro, pues entraremos lastimosamente en esa fase”, previno en cuanto la amenaza del narcoterrorismo.
Según su visión, el país está relativamente cerca”, de caer en ese escenario.
“Lo que hacen los narcos es infundir ese temor a los funcionarios públicos para que puedan hacer lo que ellos quieran”, sostuvo
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